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Proyecto de ley - Programa de propiedad participada ex agentes YPF

El senador Pérez Alsina presentó un proyecto de ley sobre el programa de propiedad participada ex agentes YPF.


El senador Pérez Alsina presentó un proyecto de ley sobre el programa de propiedad participada ex agentes YPF.

La ley 24145 del año 1992 formalizó lo que la ley 23696 del año 1989 había implementado de manera declarativa en su capítulo tercero al definir el Régimen de Propiedad Participada, delineando un programa de participación en los beneficios económicos empresariales luego de declarar la emergencia administrativa de los servicios públicos y las empresas estatales para someterlas al proceso de privatización.

Esta modalidad fue implementada a modo de asegurar a los trabajadores dependientes de empresas estatales cierta garantía en la percepción de las utilidades de las empresas, cuando no hubieren gozado del beneficio del retiro voluntario.

Cuando muchas veces estos retiros no fueron efectivamente un beneficio, y cuando las privatizaciones de los entes nacionales, significaron despidos masivos y el emergente de un nuevo fenómeno que afectaría a todos los estamentos sociales, pero fundamentalmente a la gran clase media de la Argentina, la desocupación.

Aún venimos afrontando las consecuencias de una etapa que fue diseñada con ciertas desprolijidades, y falta de previsiones, que acarreó el fracaso de un modelo económico que de haber sido previstas las condiciones óptimas para su implementación quizás hubiere recibido más halagos que críticas.

Los sectores trabajadores obreros dependientes de empresas estatales o con participación estatal, como Ferrocarriles Argentinos, el Correo Argentino, y empresas como las de telecomunicaciones, telefónicas y en este caso YPF, fueron las que sufrieron la modificación de sus condiciones contractuales laborales de origen. Las consecuencias en muchos casos fueron desastrosas, no solo la readaptación a la modalidad privada, sino a la manera de desarrollar las tareas diarias.

Dentro de las pautas generales del sistema general previsto por la ley marco estaba la de contemplar dentro de los sujetos adquirentes del capital accionario de la empresa privatizada a los empleados del ente a privatizar.

Se previó un coeficiente de cálculo de la proporción de participación accionaria en función del sueldo percibido, cargas sociales, antigüedad, jerarquía, pero sujeto a los aumentos de capital anual.

El ente privatizado emitía un sistema representativo del capital accionario en bonos que le era asignado a cada empleado en función de su jerarquía y sueldo.

Originalmente se establecía un modo de pago anual que se formalizaría en el Acuerdo General de Transferencia que debía contener las pautas de pago para cada empresa privatizada. En este marco general de referencia se preveía el pago de la anualidad sujeto a la prenda de la deuda a un banco fideicomisario, y que una vez liberada la prenda, las acciones estaba disponibles por su propietario.

En muchos casos estas prerrogativas legales establecidas por esta ley marco no fueron instrumentadas debidamente o adolecieron falencias en la forma en que se computo el valor accionario o el pago anual de las acciones.

Con la ley 24145 de federalización de hidrocarburos, se adecuó esta ley marco al caso específico de los agentes laborales ligados a YPF, en cuanto a la privatización de activos y acciones de la empresa ya convertida en una sociedad anónima.

El artículo 8º de esta última en su inciso c), hacía referencia a la forma en que se implementaría lo que la ley marco trazaba, para las acciones de clase C, aquellas sujetas al régimen de Propiedad Participada.

En el año 2002, la sanción de la ley 25471 vino a aclarar los alcances de aquel inciso, estableciendo puntos como quienes eran considerados personal de la empresa, más el reconocimiento de una indemnización para quienes no pudieron acogerse al Programa de Propiedad Participada por aquel entonces por razones ajenas a su voluntad o demoras en la instrumentación del mismo.

En el año 2002, el decreto 1077/03 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció una suma de $ 23.728 como valor promedio para el cálculo indemnizatorio para ex empleados de YPF, lo que generó controversia entre los sectores interesados por enfrentarse con los derechos adquiridos por los trabajadores en leyes anteriores.

Lo que generó reclamos judiciales pidiendo la inconstitucionalidad del decreto llegando a la elaboración de jurisprudencia como la sentada en el caso "Saucedo, Octaviano Adalberto c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación s / part. accionario obrero", del 9 de octubre de 2006: “I.- La Ley 25.471 y el Decreto 1077/03, por los que se reconoce el pago de una indemnización a favor de los ex agentes de Y.P.F., en los supuestos y condiciones que en este se establecen y se fija el valor promedio para su cálculo, no contienen pautas obligatoriamente aplicables a los casos pendientes, alcanzan a quienes formularon reclamo judicial y aún no obtuvieron sentencia firme a la fecha de vigencia del mentado decreto e incluso a aquellos que no iniciaron juicio, permitiendo también reclamar diferencias.

El planteo de inconstitucionalidad del Decreto 1077/03 efectuado por la recurrente es procedente habida cuenta de que reglamentó varios aspectos relativos a las indemnizaciones a las que se refiere, aunque pretendió modificar los alcances de las obligaciones, materia exclusiva del Congreso Nacional (artículo 75 inciso 12 de la C.N.), ya que los reglamentos del Poder Ejecutivo sólo pueden válidamente reglar las modalidades de ejecución de la ley como norma superior atributiva de derechos, pero no el contenido de las relaciones o situaciones jurídicas. De lo contrario se excedería el marco del artículo 99 inc. 2 de la Constitución Nacional.”

En el año 2004 la Jefatura de Gabinete de Ministros dictó una resolución administrativa que preveía un procedimiento administrativo abreviado para los beneficiarios de la indemnización establecida por la ley 25471 que hubieran formulado reclamos judiciales frente a las dificultades de hacer líquidos los beneficios acordados por el régimen de propiedad participada.
Luego de varios años de dictado de aquella norma con fines reparatorios, nos encontramos con una multiplicidad de situaciones que sufren los ex trabajadores de YPF SA, donde el diferente tratamiento que han hecho las reglamentaciones, le han acordado dispares sumas dinerarias en concepto de la indemnización prevista por ley, y en algunos casos los reclamos judiciales han incrementado en mucho la aspiración de cobro por sobre quienes no dedujeron acciones.

El fallo Antonucci vino a sentar la Jurisprudencia recogida por la Suprema Corte para situaciones similares, al decir: “Por ello que, llamado a determinar el monto indemnizatorio en base a lo que resulta de los artículos 505 inc. 3 y, fundamentalmente, el Art. 1083 del Código Civil, para fijar una indemnización integral que reponga las cosas a su estado anterior estimo fijar la indemnización del actor, en los términos y con los alcances de los artículos 56 LCT, 165 C:C:C:C:N y 56 de la 18.345 en $ 155.000.- Ello resulta de multiplicar mil acciones, que es el número promedio de acciones que hubieran correspondido a cada beneficiario al 01.01.91 conforme al Anexo del Decreto 1077/03 y las plantillas aprobadas por la Resolución 120 JGM y 509/04 MEYP, teniendo en consideración a su vez la diferencia que existe entre $ 135, que es aproximadamente la cotización actual de las acciones de YPF en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y $ 18.05 valor de libros asentado en el Anexo del referido Decreto 1077/03, aclarándose que la suma fijada resulta comprensiva de los intereses calculados a la tasa del 12% anual desde julio de 1996, al 31 de diciembre de 1999, sin perjuicio de los que rijan con posterioridad para las obligaciones consolidadas.

Por último, no puede dejar de advertirse que toda suma que el actor haya percibido o pudiera percibir en el marco del régimen consagrado en la Ley 25471 y normativa concordante, se computará a cuenta del crédito que aquí se le reconoce, según lo expuesto precedentemente.
 
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