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Alperovich denunciado por trabajo en negro
Tucumán es la provincia con mayor índice de trabajo en negro. No llegan a los 275 pesos de básico .El gobierno se ahorra unos 50 millones al año.
Una de las banderas que alzó desde su llegada al gobierno el kirchnerismo fue la guerra declarara y sin cuartel al trabajo en negro. Por eso, sorprende que uno de sus alumnos más fieles e incondicionales, como es el tucumano José Alperovich, sea el comandante de la provincia con mayor cantidad de empleados en condiciones laborales precarias y con un altísimo nivel de evasión previsional, casualmente, dentro del sector público.
.com accedió a información sobre la situación de los trabajadores estatales en la empobrecida provincia.
De allí, se desprende que al día de hoy, ningún empleado dependiente del gobierno tucumano cobra menos de 1.350 pesos. Lo paradójico, es que el sueldo básico sujeto a descuentos para efectuar los aportes previsionales y de obra social de cada trabajador, es muy bajo. Tan bajo, que un empleado de categoría 15, que es la mas baja del escalafón estatal, recibe un básico de 274, 54 pesos.
Es decir que, en promedio, 800 pesos de los sueldos de los empleados estatales de Tucumán corren por fuera del circuito oficial, con destino al seguro y previsión social de los trabajadores. Esto tiene a su vez otra carga importante: El salario promedio bruto mensual de un empleado registrado es de 1.420 pesos, y el de un trabajador en negro es más o menos la mitad de esa suma.
El gasto salarial en el estado tucumano asciende a 160 millones de pesos mensuales. Con ese dinero, el gobierno provincial les abona los sueldos a los más de 75 mil empleados que trabajan en distintas reparticiones públicas, tanto de la administración central como descentralizada, y les otorga adicionales no remunerativos y no bonificables, que no están sujetos a descuentos.
“Los funcionarios tucumanos sostienen que no pueden blanquear los aportes no remunerativos y no bonificables porque están obligados a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el gasto y el endeudamiento público”, explicó a Política Online una legislador local.
Con esto, aseguran, el gobierno de Alperovich se ahorra no menos de 50 millones de pesos al año sólo en concepto de aportes previsionales. Lo que nadie sabe, es dónde se destinan o para qué se utilizan esa sustancial diferencia fiscal.
“Los empleados públicos de Tucumán, ya sea de la docencia, sanidad, administración central u otras áreas, reciben más de un 60 por ciento de sus ingresos como adicionales no remunerativos y no bonificables. Es decir, dinero sobre el que no se efectúa ningún descuento de ley. Esto desfinancia el sistema previsional y social, no engrosa un futuro haber jubilatorio ni aporta a una obra social”, lamentó la senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales en diálogo con este medio.
Plan aceitado
El número es estremecedor: en las diferentes administraciones cerca del 50 por ciento de los empleados se encuentra trabajando sin los beneficios que ello implica. Para llegar a esta situación, el mandato de Alperovich impulsó, llevado a su vez a las intendencias, un plan para inscribir trabajadores en negro bajo distintas figuras contractuales que encubren su condición real.
Como suele ocurrir en muchas áreas estaduales y también en el sector privado para no correr con las cargas sociales, en Tucumán utilizan situaciones como la de contratos de locación de servicios, pasantías remuneradas, contratos por honorarios, planes sociales, becas, voluntariados y acuerdos laborales de palabra para evadir la corriente fiscal. Todas estas figuras no le reconocen derechos laborales al empleado público.
La siguiente figura fue la de los monotributistas. A partir de la aparición del Plan de Regularización del Trabajo del sector privado, en Municipios y Comunas de Tucumán, se cambiaron los contratos en negro por los “contratos de servicio”.
Desde la provincia, municipios y comunas se está obligando a los empleados en negro a inscribirse como “Monotributistas” para que puedan comenzar a facturar a su empleador, ya sea el gobierno provincial, municipal o comunal, pero perdiendo automáticamente la antigüedad y derechos adquiridos por sus años de servicio. Lo que se entiende como una expansión al sector privado de una conducta puertas adentro del gobierno de Alperovich.
Movilidad trabada
Un trabajador en negro significa, directamente, menos aportes a la caja de la Anses y menos grosor del aumento del total del Sistema de Seguridad Social, lo cual comprende una de las patas de la famosa fórmula de cálculo del titular de ese organismo, Amado Boudou.
“Con el tratamiento en el Congreso del proyecto de movilidad jubilatoria se abrió un fuerte debate por el número de personas involucradas, los montos en juego y el lugar que tiene la Previsión y la Seguridad Social. En esas largas jornadas quedo muy claro que la falta de aportes tarde o temprano reduce las posibilidades de actualizar las remuneraciones de los jubilados actuales o futuros”, explicó a La Política Online un senador que participó de los debates con el hombre a cargo de la Anses.
Y aclaró: “Ahora tenemos 1.200.000 jubilados que se han incorporado vía la moratoria dentro del sistema, que están ganando en un promedio de entre 300 y 400 pesos, lo que significa la cobertura de un 15% de sus necesidades básicas, y no solo eso sino que su presencia en el sistema, sin aportes previos, aleja aun mas la posibilidad de que los jubilados que aportaron toda su vida para tener una jubilación digna lo logren, ya que la frazada que de por si es bien corta, debe extenderse para tapar a mas gente, con lo cual todos tendrán frío”.
Por la ley sancionada, la movilidad de las jubilaciones está condicionada a la recaudación total del Sistema de Seguridad Social y a la evolución del padrón de beneficiarios. El incremento de los haberes sólo se aplicará si la recaudación por jubilado de la Seguridad Social, sube más que el índice de movilidad. De lo contrario, los haberes se reajustarán por lo que aumentó la recaudación por jubilado. Ese límite figura en la fórmula de actualización de los haberes que, en la práctica, constituye un tope frente a la eventualidad de que los salarios aumenten y los ingresos de la Anses se estanquen o disminuyan.
Fuente: Politica On Line
.com accedió a información sobre la situación de los trabajadores estatales en la empobrecida provincia. De allí, se desprende que al día de hoy, ningún empleado dependiente del gobierno tucumano cobra menos de 1.350 pesos. Lo paradójico, es que el sueldo básico sujeto a descuentos para efectuar los aportes previsionales y de obra social de cada trabajador, es muy bajo. Tan bajo, que un empleado de categoría 15, que es la mas baja del escalafón estatal, recibe un básico de 274, 54 pesos.
Es decir que, en promedio, 800 pesos de los sueldos de los empleados estatales de Tucumán corren por fuera del circuito oficial, con destino al seguro y previsión social de los trabajadores. Esto tiene a su vez otra carga importante: El salario promedio bruto mensual de un empleado registrado es de 1.420 pesos, y el de un trabajador en negro es más o menos la mitad de esa suma.
El gasto salarial en el estado tucumano asciende a 160 millones de pesos mensuales. Con ese dinero, el gobierno provincial les abona los sueldos a los más de 75 mil empleados que trabajan en distintas reparticiones públicas, tanto de la administración central como descentralizada, y les otorga adicionales no remunerativos y no bonificables, que no están sujetos a descuentos.
“Los funcionarios tucumanos sostienen que no pueden blanquear los aportes no remunerativos y no bonificables porque están obligados a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el gasto y el endeudamiento público”, explicó a Política Online una legislador local.
Con esto, aseguran, el gobierno de Alperovich se ahorra no menos de 50 millones de pesos al año sólo en concepto de aportes previsionales. Lo que nadie sabe, es dónde se destinan o para qué se utilizan esa sustancial diferencia fiscal.
“Los empleados públicos de Tucumán, ya sea de la docencia, sanidad, administración central u otras áreas, reciben más de un 60 por ciento de sus ingresos como adicionales no remunerativos y no bonificables. Es decir, dinero sobre el que no se efectúa ningún descuento de ley. Esto desfinancia el sistema previsional y social, no engrosa un futuro haber jubilatorio ni aporta a una obra social”, lamentó la senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales en diálogo con este medio.
Plan aceitado
El número es estremecedor: en las diferentes administraciones cerca del 50 por ciento de los empleados se encuentra trabajando sin los beneficios que ello implica. Para llegar a esta situación, el mandato de Alperovich impulsó, llevado a su vez a las intendencias, un plan para inscribir trabajadores en negro bajo distintas figuras contractuales que encubren su condición real.
Como suele ocurrir en muchas áreas estaduales y también en el sector privado para no correr con las cargas sociales, en Tucumán utilizan situaciones como la de contratos de locación de servicios, pasantías remuneradas, contratos por honorarios, planes sociales, becas, voluntariados y acuerdos laborales de palabra para evadir la corriente fiscal. Todas estas figuras no le reconocen derechos laborales al empleado público.
La siguiente figura fue la de los monotributistas. A partir de la aparición del Plan de Regularización del Trabajo del sector privado, en Municipios y Comunas de Tucumán, se cambiaron los contratos en negro por los “contratos de servicio”.
Desde la provincia, municipios y comunas se está obligando a los empleados en negro a inscribirse como “Monotributistas” para que puedan comenzar a facturar a su empleador, ya sea el gobierno provincial, municipal o comunal, pero perdiendo automáticamente la antigüedad y derechos adquiridos por sus años de servicio. Lo que se entiende como una expansión al sector privado de una conducta puertas adentro del gobierno de Alperovich.
Movilidad trabada
Un trabajador en negro significa, directamente, menos aportes a la caja de la Anses y menos grosor del aumento del total del Sistema de Seguridad Social, lo cual comprende una de las patas de la famosa fórmula de cálculo del titular de ese organismo, Amado Boudou.
“Con el tratamiento en el Congreso del proyecto de movilidad jubilatoria se abrió un fuerte debate por el número de personas involucradas, los montos en juego y el lugar que tiene la Previsión y la Seguridad Social. En esas largas jornadas quedo muy claro que la falta de aportes tarde o temprano reduce las posibilidades de actualizar las remuneraciones de los jubilados actuales o futuros”, explicó a La Política Online un senador que participó de los debates con el hombre a cargo de la Anses.
Y aclaró: “Ahora tenemos 1.200.000 jubilados que se han incorporado vía la moratoria dentro del sistema, que están ganando en un promedio de entre 300 y 400 pesos, lo que significa la cobertura de un 15% de sus necesidades básicas, y no solo eso sino que su presencia en el sistema, sin aportes previos, aleja aun mas la posibilidad de que los jubilados que aportaron toda su vida para tener una jubilación digna lo logren, ya que la frazada que de por si es bien corta, debe extenderse para tapar a mas gente, con lo cual todos tendrán frío”.
Por la ley sancionada, la movilidad de las jubilaciones está condicionada a la recaudación total del Sistema de Seguridad Social y a la evolución del padrón de beneficiarios. El incremento de los haberes sólo se aplicará si la recaudación por jubilado de la Seguridad Social, sube más que el índice de movilidad. De lo contrario, los haberes se reajustarán por lo que aumentó la recaudación por jubilado. Ese límite figura en la fórmula de actualización de los haberes que, en la práctica, constituye un tope frente a la eventualidad de que los salarios aumenten y los ingresos de la Anses se estanquen o disminuyan.
Fuente: Politica On Line
Comentarios (1)
hola que tal mi nombre es Martha Castaño y trbajo en la universidad catolica de salta -Capital. M i peticion seria por mas de 15 chicos que trabajan en todas las fotocopiadoras mas de tres años algunos y otros un año, la verdad me parece una falta de humanidad de la señora Madelen que es el nombre de la dueña de todas las fotocopiadoras que son 6, son personas de familia y ella llegar a tanto es una injusticia que la DGI haga alguna vez algo estoy hablando de personas no se olviden.
