La violencia entre campesinos y empresarios por la tierra no cesa

SANTIAGO DEL ESTERO.- Luego del asesinato el 17 de noviembre pasado del luchador campesino Cristian Ferreyra, la lucha por la tierra en Santiago del Estero está lejos de llegar a su fin.

La organización Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denunció que el pasado lunes 19 dos integrantes de la campesina UPPSAN de Villa Matoque fueron heridos durante un reclamo territorial. Las víctimas son Néstor Palacios herido de bala en el pecho y en estado grave, e Ignacio Palacios, herido a golpes.

Según informó en exclusiva para Ricardo Cuella, vocero del Mocase, Néstor e Ignacio habían ido a reclamar a personal que responde al empresario tucumano Ricardo Villa por las tareas de alambrado de la zona donde ellos residían. Allí, en un paraje de la localidad de Villa Matoque, en el departamento Copo de la vecina provincia, se trenzaron en una pelea a golpes de puño con quienes realizaban el alambrado.

Según el relato de Cuella, luego de haber sido separados, apareció Jeremías Santillán, hijo del Secretario Municipal de Villa Matoque Alonso Santillán, y secretario del empresario Villa, y disparó contra Néstor Palacios. 

“Quiero que se sepa quién disparó”, explica Cuello “porque a mí en agosto de este año me metieron preso por reclamar por lo mismo. (Ricardo) Villa sigue alambrando las tierras”.

Según comentó un testigo que participó hace unos días de una reunión entre campesinos y empresarios, estos se habían comprometido a una tregua por un tiempo, y a dejar de pasar las topadoras por la zona, permitiendo el paso de los lugareños hacia sus casas. Sin embargo, las tareas de alambrado continuaron.

Este hecho ocurrió a tan solo un mes de la muerte del campesino Cristian Ferreyra, en la localidad de San Antonio, Santiago. El joven de 23 años fue asesinado a disparos de escopeta el pasado 17 de noviembre, en la casa donde Ferreyra vivía con sus padres y cinco hermanos cercana a la localidad de Monte Quemado, 400 Kilómetros al norte de la capital provincial.

Según denuncia el Mocase, el crimen fue perpetrado por Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario Ciccioli. Y van más allá. En un comunicado de fecha del 6 de diciembre pasado, relaman “que asuma las responsabilidades políticas el gobierno de (Gerardo) Zamora, principalmente el Ministro de la Producción, Luis Parano Gelid, cuyo ministerio aprueba planes de desmonte, el Ministro de Justicia Ricardo Daives y el Ministro de Gobernación Emilio E. Neder, por la complicidad demostrada por el poder judicial y la policía con empresarios y asesinos”.

Cristian pertenecía al movimiento de resistencia campesino y había luchado contra el desalojo de la tierra en reiteradas oportunidades. Mirta, su madre, declaró al diario Perfil que  su hijo se encontraba bajo amenaza de los empresarios: “Nos perturbaban en las escuelas, tenían armas. Teníamos miedo que balearan a nuestros chicos. Decían que los iban a secuestrar, que eran capaces de matar por el campo”.

La lucha por la tenencia de la tierra en Santiago del Estero es larga. Tierra de latifundios, la vecina provincia sufrió desde principios de siglo la concentración de las propiedades en pocas manos, y el trabajo rural en condiciones que fueron  desde la semi esclavitud a la explotación campesina.  La madre de Cristian Ferreyra lo define con sencillez: “Hace como 100 años que estamos acá y ahora nos quieren sacar. Todos los animales que criamos los van a matar”.

Desde los oscuros tiempos de La Forestal, empresa de capitales ingleses que a principio de siglo dejó un saldo devastador en vidas humanas y destrucción de recursos naturales en los quebrachales de Chaco, Santa fe y Santiago y que redujo a semi esclavitud a sus peones durante décadas;  pasando por los desalojos esporádicos de pequeños campesinos de las décadas del ’60, ’70 y ’80, la historia del lugar mantiene una constante: los que tienen tierra quieren más, los que tienen poco no se van.

Ante el avance de grandes empresarios del campo sobre los pequeños productores, en 1990 se articuló una coordinadora de campesinos con el objeto de reunir fuerzas contra los desalojos. Nació el Mocase. Durante la década del 90 fue consolidándose y agrupando a cada vez más familias, enfrentando guardias privados, enfrentando topadoras y retomando tierras desalojadas.

Según consignó Eduardo Sánchez, de la agrupación Amigos de la Tierra en el marco del debate “Avance del agronegocio sobre los territorios, el clima y la vida realizado hace una semana por varios movimientos campesinos e indígenas, el monocultivo “desplaza comunidades, contamina el ambiente y afecta la salud de las personas”. “En 1970 la soja era casi un cultivo inexistente en Argentina y unos 40 años después hay unos 20 millones de hectáreas... que representan casi un 60 por ciento de la superficie que se destina a la agricultura” señaló en el encuentro.

 Hacia finales de la década del 90, en la Argentina había 6 millones de hectáreas cultivadas de soja. Actualmente, hay 20 millones. El boom de la soja empujó a los empresarios de la tierra a hacer avanzar la llamada “frontera agropecuaria”, es decir, tomar control de propiedades en las que desde hace décadas residían y producían pequeños campesinos.

Si bien los campesinos se encuentran protegidos por el artículo 4015 del Código Civil que reconoce la propiedad de los inmuebles "por la posesión continua de veinte años (...) sin necesidad de título y buena fe", el Mocase denuncia que la usurpación de las parcelas se produce por medio de la violencia física, mediante sicarios y topadoras que responden a los empresarios de la zona. La Ley 26.160 de 2006 prohíbe las ejecuciones de sentencias y desalojos de las comunidades que tradicionalmente ocupan las indígenas originarias. Nada de esto bastó para frenar la violencia. Sin embargo, las familias desplazadas en la Argentina se cuentan de a cientos de a miles.

Desde que en 1998 saltara a la luz el conflicto campesino de Santiago del Estero con la instalación de una carpa negra de resistencia contra las topadoras en el paraje de La Simona, el conflicto no ha hecho más que agudizarse. Actualmente el Mocase reúne a más de 9.000 familias que denuncian que en estos años sufrieron represión, cárcel y hasta torturas en la defensa de sus propiedades.


Fuente: Semanario de Tucumán, Edición Impresa.