Dilema K: Cómo sobrevivir al suicidio de la moral

La Argentina es un país sin términos medios, donde cualquier pasa de ser “facho” a “zurdo” solamente por una coma mal colocada en su escrito, o donde lo puede hacer todo y otros absolutamente nada. Si prueba hace falta, la aberrante Hebe pasó de ser “la madre putativa de los argentinos”, según nos la regalara el fallecido Néstor Kirchner, a convertirse en una bola de hierro atada al talón del propio Gobierno “K”.

El pañuelo de Hebe le estaría bajando la intención de voto al Gobierno nacional que tendrá un primer “test match” el próximo 10 de julio, donde los números estarían hoy ubicando a Filmus en un 24% contra un 36% de Macri que hasta casi dejó de hacer campaña porque le conviene más que los números del oficialismo bajen solos que salir a levantar los suyos él mismo.

Aquella diferencia de Cristina Fernández, ahora andaría rozando los 30 puntos. Nadie sabe para quién trabaja, evidentemente.

Por eso, el dilema es si soltarle la mano abiertamente a la Bonafini o buscar una solución intermedia, como por ejemplo un procesamiento sin prisión preventiva, cosa que parezca que la Justicia funciona plenamente. Bien decimos, parezca. Como sea, lo mejor del caso Shoklender está por darse justo cuando Cristina Fernández tiene pensado anunciar su candidatura.

El monto del dispendio, casi $ 1.000 millones de dinero público, no es cosa que se pueda decir que nadie supo nunca que semejante cantidad circulaba alegremente. Las “Madres”, otrora revolucionarias devenidas en capitalistas empresarias sobrefacturaban al propio Estado las casas construidas con el dinero que éste les daba. Dentro de esa Fundación también funciona la Argentina bipolar; los Shoklender de “hijos putativos” pasaron a ser lisa y llanamente “traidores” que deben ir a la cárcel, entregados por su propia “madre”. Al final, los Shoklender no hicieron otra cosa que repetir el patrón…, asesinaron a su propia “madre putativa”.

Más allá, en la Cancillería parece destaparse otro entuerto donde seis funcionarios habrían beneficiado a una empresa contratada en la organización de la Cumbre Iberoamericana. Indagatoria de la Justicia. Claro, esto es más modesto, apenas tres millones de pesos.

Pero todo es dialéctica y números que pueden ser tantos o más. En el fondo el problema es la inmoralidad con que los funcionarios manejan la cosa pública. No es cuestión de salir a decir ahora que la Presidente , el Ministro o quien sea actuó con omisión de sus deberes de funcionario público, algo que queda evidente; sino se trata de discutir qué hacer con este suicidio de la moral pública que deja a los ciudadanos al querer de quien ellos mismos eligen.

El problema de la inmoralidad pública es generalizado, no es privativo de funcionarios nacionales, basta recorrer los titulares para ver aquí y allá hechos de corrupción pública. No vamos tan lejos, aquí en Salta hemos votado representantes que ahora resulta tendrían las manos sucias con tierras públicas que habrían negociado.

Hay cerca –dicen- de cincuenta expedientes tramitándose en distintos juzgados de Buenos Aires con importantes nombres en sus carátulas parados por algún teléfono que suena oportunamente. Allí quedan esperando que la palabra “sobreseído” se imprima al pie.
 
Así se zafa del escándalo, se consiguen los resultados electorales y la impunidad vuelve a ganarle al derecho para bien del ranking que nos coloca según Transparencia Internacional, de 180 países, en el puesto 109 (antes de la era “K” estaba en el 105). En la escala de “percepción de “muy corrupto” a “ausencia de corrupción”, la Argentina obtuvo este año un 2,9, detrás de Chile , Brasil ¡y Bolivia! ¿Los mejores? Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda están primeros con 9,3 puntos, o sea casi sin corrupción. Para consuelo nos queda que Venezuela está detrás nuestro con 1,9. Mal de muchos…

Pensar que el todopoderoso Director General del FMI fue preso y perdió su carrera por corretear una mucama y aquí se delibera qué hacer con dos sujetos que desfalcaron al Estado en millones, propiamente una estafa al país.

Evidentemente el país ha caído en la anomia, hemos perdido el respeto por la norma jurídica y su valoración moral.

¿La solución? Hoy por hoy es utópica. Hay que educar nuevamente en los valores para formar hombres y mujeres, luego ciudadanos responsables y después profesionales o lo que sea. Donde cada uno asuma que la “cosa pública” es de todos y el que delinque, el que se queda con un metro cuadrado de tierra aunque sea me ha robado a mí.

Pero la impunidad comienza cuando nadie denuncia porque ya no cree en la Justicia ¿Para qué denunciar? Si lo más probable es que el denunciante vaya preso y el denunciado engrose más todavía su bolsa.

Hay que educar; porque un pueblo que no está educado no sabe qué vota, para qué vota ni a quién vota.

La desvergüenza comienza cuando admitimos magistrados como Eugenio Zaffaroni que sobre el desfalco de las “Madres” señala que “no hay que confundir un error con un delito”.
Nosotros, que un día estuvimos entre los seis primeros países de la Tierra, hoy yacemos al fondo del listado convertidos en una toldería donde cualquier indio es cacique.

La inmensa soberbia y la fatídica impunidad les permiten seguir creyendo que este país es de “ellos”, los privilegiados que hacen lo que quieren. Nadie los demanda. Mientras los imbéciles que trabajan lo hacen para que “ellos” engrosen sus arcas.

En otras naciones se ha demostrado que estas delictivas, inequitativas, repulsivas y autoritarias situaciones, no duran mucho tiempo.

Tanto como el necesario para que la gente advierta que la han estafado, que la han robado. Y lo peor, que incluso le están hurtando el futuro.

Hace más de 2.000 años el filósofo griego Aristóteles afirmaba: “No existe Justicia ni Derecho sin Moral”.

Quienes viven de la política inmoralmente es probable que tengan un final anunciado: retirarse a tiempo, el desprecio de la sociedad, o la cárcel.