El 13 de noviembre de 2002 en el buque petrolero Prestige se registró una vía de agua, en medio de un temporal, cuando el barco se encontraba navegando con unas 77.000 toneladas de fuel a 28 millas de Finisterre, Galicia.
Seis días después, el 19 de noviembre, tras intentar alejar el buque de la costa, se partió en dos.
A la marea negra del petróleo, le siguió entonces una marea blanca de voluntarios procedentes de todo el mundo para ayudar en la limpieza de las costas. Ahora, se une la marea de la numerosa documentación del juicio con un sumario de más de 260.000 folios.
En él, una de las cuestiones centrales será el debate sobre si la decisión de alejar el barco fue o no la correcta y la incidencia que tuvo en las dimensiones de la catástrofe, después de que se hiciesen públicas grabaciones de responsables de Salvamento Marítimo planteando el traslado del barco a una zona refugio.
Las sesiones, que se estima durarán ocho meses, se llevarán a cabo en la sede del recinto ferial ExpoCoruña, lugar que volverá a reunir a los principales protagonistas del caso, por lo que para dictar sentencia habrá que esperar hasta septiembre de 2013.
El inicio, estará marcado por las cuestiones procesales, mientras que los acusados, el capitán del `Prestige`, el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante, no declararán hasta noviembre. En diciembre, comenzarán las declaraciones de más de un centenar de testigos, entre ellos el exministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos.
El reclamo total por daños y perjuicios, en materia de responsabilidad civil, supera los 2.200 millones de euros, aunque el impacto ambiental y económico de la catástrofe, sólo en el caso del Estado español, se cuantifica en 3.862,42 millones, de acuerdo a el informe pericial de la Fiscalía, según despacho de Europa Press.
El juicio, si bien genera expectativas, los afectados creen que difícilmente se haga Justicia diez años después de la tragedia, algo en lo que coinciden las cofradías de pescadores y otros colectivos sociales como las organizaciones ecologistas o el movimiento `Nunca Máis`, creado tras la catástrofe.
Lo mismo señalan los afectados en relación al hecho de que el único responsable institucional que estará entre los acusados es el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Sí comparecerá, pero como testigo entre los 130 citados, el exministro de Fomento Francisco Alvarez Cascos, cita Telam.
Con todo, y aunque "el resultado negativo" del juicio contra la clasificadora ABS en EE.UU -donde la firma quedó exenta de pagar la indemnización reclamada por España-, no es para los perjudicados un buen precedente, las partes estiman que el juicio servirá para depurar responsabilidades por los hechos sucedidos el 13 de noviembre de 2002.
Como responsables civiles directos, figuran la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac), y como subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, propietaria del barco, y el Estado español.