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Brito, sólo un eslabón en el vínculo entre Alperovich y el bussismo
El bloque oficialista no quiere que el ex titular de la DAU asuma en la Legislatura por su reivindicación al accionar de Bussi. Sin embargo, el alperovichismo está atravesado por ex partidarios del genocida
Concejal Miguel Brito
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MIGUEL BRITO TUCUMÁN.- El fuerte rechazo de la bancada oficialista de la Legislatura a la posibilidad de que el
ex director de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia,
Miguel Ángel Brito, asuma como legislador en lugar del ahora interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Armando Cortalezzi, reabrió el debate sobre la relación del gobernador José Alperovich con el bussismo.
Justamente el pasado bussista del ex titular de la DAU es uno de los principales argumentos que esgrimen los parlamentarios en contra de su llegada a la Cámara. Si bien en el seno del bloque se estudia qué hacer en caso de que el ex Fuerza Republicana (FR) decida asumir, sólo dos legisladores expresaron en voz alta su rechazo, e incluso amenazaron con dejar el bloque Tucumán Crece si esto termina sucediendo: Guillermo Vargas Aignasse y el representante de La Cámpora Jesús Salim.
Sin embargo, los parlamentarios alperovichistas eligen no ver el fuerte vínculo que existió y aún existe entre el mandatario provincial y el bussismo. Alperovich, quien durante su mandato como legislador y presidente de la comisión de Hacienda de la Legislatura tuvo una estrecha relación con el entonces gobernador Bussi, ostenta una poblada lista de funcionarios, legisladores y concejales que estuvieron en mayor o menor medida vinculados con el genocida o su partido.
Esto es algo que el hijo del genocida y actual legislador por FR, Ricardo Bussi, se divierte en resaltar. Sin ir más lejos, dentro de Tucumán Crece están Víctor Lossi y Juan Gutiérrez, quienes fueron los dirigentes más fuertes que tuvo Bussi en el interior. A ellos pueden sumarse los ex legisladores Carlos Canevaro, Ramón Sierra Morales, Gustavo Rojas Alcorta y Mariano Poliche. Es más, el alperovichismo cuenta entre sus concejales capitalinos con quien fuera abogado defensor del dictador, Javier Morof.
A ellos pueden sumarse ex funcionarios (además de Brito) que Alperovich nombró en el Ejecutivo al asumir: el ex ministro de Seguridad, Pablo Baillo; Fernando Chaín, quien debió renunciar como funcionario del Ministerio de Seguridad en mayo, y ahora está siendo juzgado en Salta por delitos de lesa humanidad durante la dictadura; el titular del Ente Cultural de Tucumán, Mauricio Guzmán; entre otros.
Desde sus inicios, el alperovichismo estuvo fuertemente marcado por la impronta bussista. “Pepe” Alperovich (así lo llamaba cariñosamente Bussi) intenta desde que asumió en 2003 encontrar el equilibrio entre su pasado y sus aliados en Tucumán y la política del gobierno nacional contra los delitos contra los derechos humanos llevados a cabo durante la última dictadura militar. Mientras agrupaciones como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas e HIJOS denunciaron varias veces estos vínculos, los legisladores alperovichistas decidieron notar el “detalle” recién ahora.
De eso no se habla
Esta semana se reunió el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El tema destacado era la presentación de los informes de gestión de uno de los representantes de la casa de altos estudios ante la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), Florencio Aceñolaza y del ex director, Rodolfo Campero.
Sin embargo, los representantes de los distintos estamentos de la Universidad no hablaron sobre las cifras que ingresaron en la UNT en los últimos años en concepto de regalías por la actividad minera. “Aconsejados” por la comisión de Hacienda del cuerpo, los consejeros se limitaron a “tomar conocimiento” del contenido de los documentos. Una forma de evitar un tema que genera mucha polémica en el seno de la comunidad universitaria.
Los de adentro son de palo
El alperovichismo hace lo imposible para que se instalen en la provincia empresas de otras latitudes. A días de que se aprobara un nuevo paquete de medidas impositivas, recibidas con preocupación por los empresarios tucumanos, la Legislatura anunció que tiene previsto aprobar en los próximos días una serie de beneficios para una empresa de producción de software porteña. Como ya hizo con las firmas de call center y con otra compañía de software, el gobierno pagará a Intraway Corporation el 30 por ciento de los salarios de sus empleados durante los próximos cuatro años. Mientras las empresas tucumanas acuden a sus calculadoras para ver cómo afrontar las nuevas subas impositivas, el gobierno hace lo imposible para traer más firmas foráneas.
Fuente: Semanario
de Tucumán, Edición Impresa.
Justamente el pasado bussista del ex titular de la DAU es uno de los principales argumentos que esgrimen los parlamentarios en contra de su llegada a la Cámara. Si bien en el seno del bloque se estudia qué hacer en caso de que el ex Fuerza Republicana (FR) decida asumir, sólo dos legisladores expresaron en voz alta su rechazo, e incluso amenazaron con dejar el bloque Tucumán Crece si esto termina sucediendo: Guillermo Vargas Aignasse y el representante de La Cámpora Jesús Salim.
Sin embargo, los parlamentarios alperovichistas eligen no ver el fuerte vínculo que existió y aún existe entre el mandatario provincial y el bussismo. Alperovich, quien durante su mandato como legislador y presidente de la comisión de Hacienda de la Legislatura tuvo una estrecha relación con el entonces gobernador Bussi, ostenta una poblada lista de funcionarios, legisladores y concejales que estuvieron en mayor o menor medida vinculados con el genocida o su partido.
Esto es algo que el hijo del genocida y actual legislador por FR, Ricardo Bussi, se divierte en resaltar. Sin ir más lejos, dentro de Tucumán Crece están Víctor Lossi y Juan Gutiérrez, quienes fueron los dirigentes más fuertes que tuvo Bussi en el interior. A ellos pueden sumarse los ex legisladores Carlos Canevaro, Ramón Sierra Morales, Gustavo Rojas Alcorta y Mariano Poliche. Es más, el alperovichismo cuenta entre sus concejales capitalinos con quien fuera abogado defensor del dictador, Javier Morof.
A ellos pueden sumarse ex funcionarios (además de Brito) que Alperovich nombró en el Ejecutivo al asumir: el ex ministro de Seguridad, Pablo Baillo; Fernando Chaín, quien debió renunciar como funcionario del Ministerio de Seguridad en mayo, y ahora está siendo juzgado en Salta por delitos de lesa humanidad durante la dictadura; el titular del Ente Cultural de Tucumán, Mauricio Guzmán; entre otros.
Desde sus inicios, el alperovichismo estuvo fuertemente marcado por la impronta bussista. “Pepe” Alperovich (así lo llamaba cariñosamente Bussi) intenta desde que asumió en 2003 encontrar el equilibrio entre su pasado y sus aliados en Tucumán y la política del gobierno nacional contra los delitos contra los derechos humanos llevados a cabo durante la última dictadura militar. Mientras agrupaciones como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas e HIJOS denunciaron varias veces estos vínculos, los legisladores alperovichistas decidieron notar el “detalle” recién ahora.
De eso no se habla
Esta semana se reunió el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El tema destacado era la presentación de los informes de gestión de uno de los representantes de la casa de altos estudios ante la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), Florencio Aceñolaza y del ex director, Rodolfo Campero.
Sin embargo, los representantes de los distintos estamentos de la Universidad no hablaron sobre las cifras que ingresaron en la UNT en los últimos años en concepto de regalías por la actividad minera. “Aconsejados” por la comisión de Hacienda del cuerpo, los consejeros se limitaron a “tomar conocimiento” del contenido de los documentos. Una forma de evitar un tema que genera mucha polémica en el seno de la comunidad universitaria.
Los de adentro son de palo
El alperovichismo hace lo imposible para que se instalen en la provincia empresas de otras latitudes. A días de que se aprobara un nuevo paquete de medidas impositivas, recibidas con preocupación por los empresarios tucumanos, la Legislatura anunció que tiene previsto aprobar en los próximos días una serie de beneficios para una empresa de producción de software porteña. Como ya hizo con las firmas de call center y con otra compañía de software, el gobierno pagará a Intraway Corporation el 30 por ciento de los salarios de sus empleados durante los próximos cuatro años. Mientras las empresas tucumanas acuden a sus calculadoras para ver cómo afrontar las nuevas subas impositivas, el gobierno hace lo imposible para traer más firmas foráneas.
Fuente: Semanario
de Tucumán, Edición Impresa.
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