TUCUMÁN.- La
Justicia Federal de Tucumán investigará a autoridades y funcionarios de la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT), por el manejo presuntamente irregular de poco más de $ 1.000.000 que el gobierno nacional le remitió entre 2009 y 2011 en el marco del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Aborígenes.
En la causa se señala como responsables al rector de la
UNT, Juan Alberto Cerisola, "quien en su función de Rector de la UNT firmó el convenio y fue quien, previamente a la firma, 'armaba' todos los instrumentos del proyecto en base a los cuales se determina el contenido final del convenio"; a la coordinadora general del Proyecto "Programa Provincial" en Tucumán, Viviana García Coté; y a la directora de la Unidad de Negocios de la UNT, Andrea Guraiib.
La investigación sobre la presunta consumación del delito de defraudamiento del Estado nacional fue iniciada de oficio por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Antonio Gustavo Gómez, quien transmitió las actuaciones preliminares al fiscal federal Carlos Brito, para que lleve adelante la instrucción del caso.
Gómez abrió la causa basándose e un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), en la que se indicaba que la UNT no había rendido debidamente en qué había gastado $ 1.152.259 destinados al programa que debía relevar 19 comunidades indígenas. El expediente, incluso, habla de que el nivel de ejecución del programa fue muy bajo (sólo del 5%) y que los fondos recibidos "no fueron rendidos por el (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) INAI".
"Este Instituto era el encargado del relevamiento, para cuya tarea había suscripto un convenio con la UNT. Esta tarea no fue realizada y completa la maniobra de defraudación", reza el escrito de Gómez, quien libró oficios a la AGN y al INAI, "a fin de que cada organismo informe sobre el dinero que habrían recibido la provincia de Tucumán y la UNT en el marco del Plan" y sobre "el detalle del grado de ejecución cumplido de dicho programa y las rendiciones de cuentas efectuadas".