Todo lo que usted necesita saber sobre los nuevos vigías ciudadanos: No tienen entrenamiento ni obra social

TUCUMÁN.- Tucumán volvió a vestirse de luto. Esta vez fue el turno de Mario Gumersindo Bulacio, de 63 años, cuidador de un Country de Yerba Buena. Apenas cerró el portón de su humilde casa en Barrio Echeverría el domingo por la mañana, dos delincuentes lo abordaron para robarle la riñonera. Lo apuñalaron en el oído izquierdo, perforándole una vena.

Bulacio falleció en la vereda, desangrado, y quienes pueden aportar datos se niegan a declarar por miedo a que los asesinos tomen represalias. No hay ningún detenido por el caso, aunque la Policía afirma conocer la identidad de uno de los agresores.

Más tarde, un delincuente murió en Avenida Alem al 600 cuando intentó asaltar un drugstore propiedad de dos hermanos policías. La suerte quiso que así fuera, podría haber sido al revés, o la inseguridad podría haberse cobrado más víctimas durante el tiroteo que se desató.
 
La respuesta desde el oficialismo llegó el lunes. Tres Legisladores alperovichistas presentaron un proyecto de Ley que pretende que los beneficiarios del plan social “Argentina Trabaja” se conviertan en vigías ciudadanos y patrullen las calles alertando a la policía.

¿Qué es el “Argentina Trabaja”?

El “Argentina Trabaja” fue implementado en 2009 en Tucumán. Se trata de un plan social nacido para combatir la pobreza, que nuclea a aproximadamente 15.000 beneficiarios con un “salario” de $ 1.200 mensuales a cambio de una contraprestación de 4 horas diarias.

En febrero de este año se anunció un aumento en el “salario”: La Presidenta informó que se pagarán $ 250 por presentismo más $ 300 por productividad. De esta manera, percibiendo ingresos por $ 1.750, los beneficiarios del plan saltan la línea de la pobreza y reducen las estadísticas nacionales y provinciales.
 
¿Quiénes son los beneficiarios?

No todas las personas desocupadas pueden ingresar al plan. De hecho, los escasos cupos en Tucumán fueron ya distribuidos hace dos años, no sin escándalos y reclamos. Mientras a nivel nacional agrupaciones de desocupados protagonizaron masivas protestas por “favoritismo político” a la hora de repartirlos, Tucumán no fue la excepción.

Los reclamos en la Provincia incluso llegaron hasta los fueros penales. Se denunció que los cupos eran repartidos entre los allegados a los punteros políticos del peronismo y que quienes se encargaban de gestionarlo cobraban al beneficiario un “canon” que llegaba a los $ 800 pesos en algunos casos.

También muchas personas se “juntaron” para cobrar el beneficio: una sola figura como beneficiaria, pero el plan es repartido en dos. Una salida salomónica que, a falta de trabajo, fue muy bien recibida entre los desocupados.
 
Los beneficiarios del plan deben cumplir una contraprestación de 4 horas diarias, originalmente de mantenimiento, limpieza y reparación de espacios públicos. Son distribuidos en grupos (por algún motivo llamados “cooperativas”) de 60 personas nucleadas en torno a un frente de trabajo común.

Sin embargo, en sus dos años de vida, numerosas denuncias hablan de reemplazo de empleados municipales por beneficiarios del plan, en tareas de recolección de residuos y hasta servicio doméstico en casas de funcionarios. En Yerba Buena, por ejemplo, se denunció que los beneficiarios manejan los camiones recolectores ahorrando a la empresa La Banda SRL la contratación de empleados.
 
Precariedad laboral

Los beneficiarios del “Argentina Trabaja”, contra cualquier suposición, no cobran un salario. Tampoco reciben un subsidio. El monto que cobran todos los meses es una especie de “pago de honorarios” por servicios que le venden al Estado. Ello se desprende de la realidad de que los beneficiarios, para cobrar, deben ser monotributistas y pagar impuestos como trabajadores autónomos.

Esto significa que el Estado no se hace cargo de la seguridad social de los beneficiarios. No aporta para su jubilación ni para su obra social. Es el trabajador quien debe hacer esos aportes, de su bolsillo, y si se atrasa en los pagos corre con las generales de la ley. Tampoco (lo que resulta más grave aún), están protegidos por ninguna aseguradora de riesgo de trabajo. Tampoco gozan de estabilidad laboral ni están agrupados en ningún sindicato que pueda negociar aumentos o mejoras en las condiciones de trabajo. Es más, pueden perder el beneficio en cualquier momento sin derecho alguno a reclamos.

Vigías ciudadanos

Estas serán las personas que, si el proyecto oficialista se aprueba, patrullarán las calles para paliar los problemas de seguridad de la Provincia. No lo harán armados ni están obligados a intervenir ante un problema, su función será dar aviso a la policía cuando detecten un problema.
 
No se ha establecido aún si cada beneficiario podrá optar por no realizar esta tarea, aunque se supone que no tendrá esa libertad. Es el precio que debe pagar por ser desempleado.

La Provincia estima destinar cerca de 6.700 beneficiarios a las patrullas callejeras, algo así como el 45 % del total de los beneficiarios. Estarán encargados de recorrer las calles sin material de seguridad, sin entrenamiento en defensa (sólo se les dará una capacitación teórica), y sin medir las condiciones físicas del futuro vigía para realizar una tarea de riesgo.
 
Deberán llamar a la Policía en caso de encontrarse en una situación de peligro y esperar a que los uniformados lleguen. Y rezar porque en ese lapso de tiempo la situación no empeore en perjuicio de la víctima del delito o de él mismo.
 
Así, miles de personas, pasarán de mantener plazas públicas y cortar el césped, a ser vigilantes desarmados y no identificados frente a delincuentes armados y de frondoso prontuario. Todo, a cambio de no perder el plan.