Luis Morales, el tucumano que enardeció al Gobierno Nacional

TUCUMÁN.-  Durante las horas de mayor tensión del paro de camioneros en reclamo de incrementos salariales, la suba del mínimo no imponible y las asignaciones familiares, el sector empresario del transporte sacó de la galera un acuerdo salarial que dejó al desnudo el corazón del conflicto.

Cuando, tras una reunión de apenas dos horas, camioneros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) arreglaron al aumento salarial del 25,5 por ciento, el malestar de los manifestantes quedó al descubierto y debió apuntar contra quién siempre se había dirigido: el Gobierno Nacional. Solucionado el tema de los salarios, Moyano salió a blanquear el carácter político de su lucha, y la continuidad de las acciones esta vez ya directamente contra el Poder Central.

Quien cerró este acuerdo que puso al desnudo el centro del conflicto sindical fue el Presidente de FADEEAC, el tucumano Luis Morales. Fue él, además, quien informó a los medios que el problema estaba solucionado y que ahora la brasa ardiente de un sindicato de más de 200 mil afiliados quedaba en manos del Gobierno Nacional. Las críticas llovieron. Acusaron al sector empresario de haber colaborado con el paro de camioneros y haberlo acompañado con un lock out. Incluso Julio De Vido denunció que Morales ni si quiera quiso atenderlo.

En su defensa, el tucumano aseguró que “Nosotros no hicimos ningún lock-out empresario. Los camiones estaban en las plantas, pero los choferes empleados no estaban trabajando y eran quienes estaban realizando esta medida de fuerza, bloqueando las entradas y salidas".


Además aseguró que se reunió en cinco oportunidades con el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Nada de esto alcanzó. Morales y su Federación fueron acusados judicialmente de violar el artículo 194 del Código Penal que establece pena de dos años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se los denunció por violar la recién sancionada ley 26.741 que declaró de interés público y nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos. Sea como fuere, el tucumano que encabeza al sector empresario del transporte, deberá ahora dirimir sus diferencias con el Gobierno Nacional en el ámbito de la Justicia. Más precisamente en el Juzgado Federal número 10, a cargo de Julián Ercolini.


Fuente: Semanario de Tucumán, Edición Impresa.