TUCUMÁN.- El caso de los reclusos que salen de sus celdas a participar de “actos culturales” extramuros, sin vigilancia y amparados por un silencio cómplice de las autoridades carcelarias, se ha convertido en un episodio más de los muchos que vienen degradando la calidad institucional de la Argentina.
Y, como tantos otros que afectaron el corazón de la sociedad, ha traspasado ya las fronteras y ha sido noticia destacada en los diarios de otros países de la región, como también de Europa.
Esta semana fue la prensa italiana la que se ocupó del asunto. “Kirchner enrola a presos para difundir el peronismo”, tituló el diario “La Stampa”, uno de los de mayor circulación en la península, en un artículo en el que, entre otros duros conceptos, señala que las cárceles de la Argentina se han transformado en “un medio de enrolamiento de sostenedores del gobierno”.
La referencia apunta al llamado “Vatayón Militante”, uno de los brazos de “La Cámpora”, la organización política cuyo mentor fue el ex presidente, Néstor Kirchner, y que tiene como conductor al hijo, Máximo.
Esquema simple
Emiliano Guanella escribió desde Buenos Aires: “El esquema es simple: quien forma parte del batallón tiene derecho a permisos-premio concedidos con extarordinaria velocidad para participar teóricamente en eventos culturales, pero en realidad son casi siempre comicios y manifestaciones de La Cámpora (el influyente movimiento de jóvenes peronistas dirigido por el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner”, cita el diario La Nación al autor del extenso artículo publicado por “La Stampa”.
Si causó indignación el hecho en sí, no fue menos agraviante para el hombre común la manera embozada con que se realizaron los movimientos de los presos desde y hacia la cárcel, por decisión de las autoridades.
Un periodista descubrió la maniobra, al descubrir en un acto kirchnerista al ex baterista de Callejeros, a quien la Justicia considera autor del homicidio de su pareja, a la que incendió intencionalmente.
Dos voces destacadas
Fue la punta del hilo que condujo a otras revelaciones por parte de los responsables del sistema carcelario, aunque con fines de aclaración y no de denuncia. El reo “famoso” de Callejeros, que el mes pasado recibió sentencia –aunque no firme- y fue encarcelado, salió varias veces de la cácel, siempre de manera secreta y para participar de los actos políticos del “Vatayón Militante”.
También lo hizo el asesino de un barrabrava”, procesado y condenado recientemente. Llovieron las declaraciones desde al gobierno para explicar cómo se aplica el sistema de permisos de salida de los establecimientos penales. La propia mandataria defendió dicho sistema: “es un deber escrito en nuestra Constitución preparar al recluso a su reinserción en la sociedad”. Después, como no convencieron las explicaciones, debió intervenir el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, para decir casi lo mismo que lo que se vino escuchando.
Con una diferencia: Zaffaroni habló de “error político” de parte de La Cámpora y de las autoridades penitenciarias. Desde luego, el ministro defendió las salidas transitorias de presos porque están previstas en las normas, pero aclaró que este mecanismo comienza a funcionar después de la mitad del cumplimiento de la pena. En línea con el pensamiento de Fernández de Kirchner, Zaffaroni aseveró que “la Constitución Nacional dice que las cárceles no son para castigo exclusivamente: sirven para otra cosa”. No se sabe qué quiso decir con “sirven para otra cosa”.
Al respecto, la Carta Magna se refiere de este modo al asunto: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Para un entendedor común, dice que los detenidos en las cárceles deben gozar de un ambiente limpio y seguro, y que no deben ser objeto de mortificación por parte de sus guardianes. No aclara sobre esa “otra cosa” a la que hace alusión el ministro del máximo tribunal del país.
Fuente: Semanario
de Tucumán, Edición Impresa.