NEUQUÉN.- El Intendente Horacio Quiroga aseguró que el decreto 1.277 firmado por
la presidente Cristina Fernández, otorgando a la Nación un control
centralizado de la producción hidrocarburífera, “es inconstitucional y
es un atentado contra el federalismo”, al tiempo que le solicitó al
gobernador Jorge Sapag “que asuma un rol protagónico en defensa de los
intereses de la provincia”.
En este sentido, el jefe comunal anticipó que “como intendente de la
ciudad capital de la provincia” le pedirá una reunión al Fiscal de
Estado, Raúl Gaitán, para que “en representación de todos los neuquinos,
presente un recurso judicial por inconstitucionalidad”.
“Este ataque al federalismo no admite silencios ni posturas
dubitativas”, remarcó Quiroga, agregando que “una cosa es que el
gobernador coincida políticamente con el gobierno nacional, lo cual es
totalmente legítimo, pero otra cosa diferente es ir en contra de los
intereses de los neuquinos”.
A través del decreto 1.277 el gobierno nacional dispuso la creación de
la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, bajo la órbita de la
Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del
Ministerio de Economía, que estará comandada por el viceministro de
Economía, Andrés Kicillof.
El intendente capitalino consideró que con esta norma, la Nación
“demuestra sus verdaderas intenciones de avanzar de manera ilegítima
sobre los derechos que tienen las provincias productoras sobre sus
recursos”, remarcando que “es una violación clara a lo que establece la
Constitución Nacional a partir de la reforma del ’94″.
“El gobierno nacional sabe perfectamente que este decreto es
inconstitucional y no sería alocado pensar que tal vez lo que se
imaginan es reformar una constitución republicana y federal para
convertirla en una populista de estilo venezolano”, sostuvo Quiroga.
Quiroga manifestó que “este avance del centralismo en las políticas que
lleva adelante la Nación se viene manifestando en distintos ámbitos,
entre ellos en la aplicación de la Ley de Coparticipación, donde son
cada vez menos los recursos que el gobierno nacional transfiere a las
provincias.