TUCUMÁN.- “Somos pobres, no podemos acceder a la vivienda social”. Lo dijo Ramón G. un ocupante del predio tomado en Alderetes. Lo que parece una gran contradicción encierra una verdad absurda: para acceder a la vivienda para pobres, hay que demostrarle al Estado que uno no es pobre.
Hay que probar que uno tiene ingresos suficientes para pagar las cuotas, además de estar casado como Dios y el Registro Civil mandan. Pero los “ocupa” en Tucumán no pueden cumplir esos requisitos: trabajan en negro haciendo changas y no pueden convencer al Estado de que podrán pagar las cuotas.
Son pobres, pero demasiado, los planes de vivienda se ocupan de los pobres no tan pobres.
La crisis habitacional en la Provincia es descomunal. Hubo durante los últimos años un boom de la construcción, y las empresas de la familia del Gobernador se llenaron de oro. En Lomas de Tafí, sin ir más lejos, se construyeron cinco mil casas.
Sin embargo los pobres de solemnidad le desbordan las políticas sociales al gobierno, y le aparecen desde donde menos lo esperan. Dos mil familias ocuparon el predio de Alderetes, perteneciente al Ingenio Concepción. No eran personas que abandonaron su vivienda social por el placer de vivir bajo dos lonas: son familias, literalmente, sin techo.
Más tarde, unas 350 familias ocuparon un terreno del Ingenio San Juan, y en pocos días hubo otra toma menos en la Comuna de Las Cejas.
En total, en Tucumán, unas diez mil personas se encuentran o se han volcado en el último mes a la ocupación de terrenos inactivos, en busca de un lugar para vivir. Un dato curioso: según las cifras oficiales, casi la totalidad de las personas que no tienen para comer estarían adentro de algunos de esos tres predios ocupados, ya que según el Indec, los indigentes no superan las 17 mil almas en Tucumán.
Sea como fuere, los vecinos de las zonas aledañas a la toma de Alderetes se muestran conformes con sus nuevos vecinos. Están hartos de la inseguridad de los predios abandonados, inmensos, improductivos, donde se esconden delincuentes. Prefieren ver esos predios con familias, y que vayan construyendo sus casas.
No existe respuesta oficial al problema. Las órdenes de desalojo no se han emitido desde las Fiscalías porque el costo político de la represión podría ser alto, y la Policía está más que dispuesta a la violencia, según ellos mismos confiesan.
Otro punto conflictivo: adentro, hay banderas de La Cámpora. Los muchachos kirhneristas no dudaron en acercarse a brindar apoyo a los ocupas, que desde un principio manifestaron haber votado por Alperovich y participado como carne de cañón del aparato político del PJ. Por ello, es poco probable que el Gobernador mande a su policía a reprimir a los propios pollos de Máximo Kirchner.
En tanto, las empresas privadas dueñas de papeles que dicen que son los dueños, presionan. La situación no tiene carriles institucionales para solucionarse, ya que, en el mejor de los casos el Estado puede proveer a las personas de casillas, pero ellas deben aportar los terrenos. Más allá de eso, sin sueldos respetables y comprobables, nada puede hacer el “Señor Estado” sin recurrir a la represión.
Fuente: Semanario
de Tucumán, Edición Impresa.