El desalojo a los pueblos originarios, los medios y la complicidad política

TUCUMÁN.- El viernes 31 de julio, 15 policías se presentaron en la Base Riarte, ancestral hogar de la Comunidad Indio Colalao, para detener al comunero Alberto Mercado. Manuel Pastrana, al mismo tiempo, fue detenido en San Miguel de Tucumán. Ambos continúan privados de la libertad, separados, y se espera que durante los próximos días se detenga a 23 personas más.

La Comunidad Indio Colalao habita las tierras de Base Riarte, en Trancas (frontera con Salta) desde tiempos ancestrales. Tiene personería jurídica como pueblo originario preexistente y, además, la posesión del lugar. Sin embargo, desde hace más de diez años, grupos de civiles ( y más tarde policías) que responden a las órdenes de los empresarios Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, asedian a los comuneros exigiendo su desalojo.
 
Ya en el año 2001 cerraron la escuela de la comunidad, y desde entonces los niños deben asistir a otra que queda en Salta. Para llegar, deben andar más de una hora y media a pie, y cruzar un río por dos cables suspendidos. Luego llegó el corte de agua, mediante un desvío de la acequia que se utiliza para consumo y riego.
 
En 2010, el Censo Nacional fue un bochorno: se impidió la entrada al lugar de la censista indígena y el propio empresario Moreno supervisó a un escribano que censó a algunas familias. En el mismo año quedó cerrado el único camino vecinal que permite el acceso con vehículos y los comuneros desde entonces tienen impedida la salida del lugar, bajo pena de no poder regresar.

En 2011, miembros de la Defensoría del Pueblo intentaron entrar para conocer la situación, pero se les prohibió el ingreso. Este año, se impidió el acceso de funcionarios del Ministerio de Educación que pretendían conocer el estado de la escuela Nº 31. El 4 de julio de 2012, ante la resistencia de los comuneros a abandonar el lugar, un grupo de 250 policías los desalojó por la fuerza, cuando se retiró la prensa. A partir de entonces la mayoría de las familias no tiene sitio dónde vivir, pero 17 se resistieron y quedaron en el lugar. Hoy viven rodeadas por la policía, que no abandona el lugar.

El Fiscal Guillermo Herrera entiende en la causa por el desalojo. Libró orden de detención para 25 comuneros y detuvo a dos, bajo cargos que van desde la usurpación, al robo y la “tentativa de homicidio”. De paso, la policía rompió casas y golpeó a otras personas. Las otras 23 órdenes de captura están libradas y los exhortos ya salieron. La Comunidad Indio Colalao está a la espera de que una nueva oleada de policías llegue al lugar y vuelva a llevarse a sus vecinos.

Evalúan presentarse en Tribunales para presentar declaración espontánea, pero tienen miedo: saben que la Fiscalía no es terreno neutral. “El Fiscal Herrera es el único que ordena desalojos y detiene miembros de comunidades originarias”, explica el comunero Claudio Apaza a . Herrera es el único Fiscal contra el que hubo una suerte de pueblada. Su nombre quedó definitivamente manchado cuando este año, en medio de un escándalo, casi deja vencer una causa en la que el hijo del Ministro de Economía de la Provincia está procesado por homicidio.
 
“Todos sabemos que a él lo salvaron los políticos, y él les quiere dar la tierra por esa salvada”, señala Apaza. El “político” que estaría detrás del intento sería el Legislador Sisto Terán. “No viene mucho, sólo para la época de la siembra de la soja. Acompaña a Posse”.


Jorge Posse es el titular de Agro Avance, la empresa que reclama la titularidad de las 19 mil hectáreas para siembra de soja. Sisto Terán y su familia forman parte de la empresa, según se desprende de del pedido de juicio político que se inició entre 1999 y 2003 por presunto enriquecimiento ilícito. “Nosotros sabemos que el día en que no esté Herrera será el día en que podamos tener justicia”.

Sólo por pone un ejemplo de la ilegitimidad de las acciones, Claudio Apaza señala que las personas que estarían por ser detenidas ni siquiera fueron notificados de los cargos por los que se los busca. “Hemos pedido ayuda en todos lados. Le hemos enviado a la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) un bibliorato con documentación que prueba lo que nos está pasando, pero nunca tuvimos respuesta”, explica Apaza. Pensaban que la visita de la Presidenta a Tucumán, el 9 de julio, les iba a traer alguna novedad.

“Quisimos acercarnos, pero nunca pudimos llegar a ella”. “En el acto del 9 de julio, como no pudimos llegar nosotros, tres chicas quisieron poner una bandera que decía ‘Riarte resiste el desalojo’.Pero miembros de La Cámpora las rodearon y las quisieron agredir. Les sacaron la bandera” “Gente del Inadi y de La Cámpora actuaron como matones con nosotros. Sólo se acercan para generar disturbios.

Ahora nos dicen que quieren venir a negociar con nosotros, que quieren hacer una mesa de conciliación para resolver sobre todo la cuestión del Fiscal Herrera.” “Hay muchas ONGs que se nos acercaron, y muchos periodistas independientes”, señala Claudio. “La verdad es que sin ustedes, sin la prensa no sé qué haríamos”. Sin la mirada de los medios la situación de las comunidades originarias sería invisible. Sin embargo, ninguno de los medios oficialistas, mayoría en Tucumán, difundieron el tema. El país se espantó cuando pudo verlo el domingo por la noche en Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata: en Tucumán, los grandes periodistas nunca hablaron de ello.
 
Mientras tanto, 17 familias resisten el aislamiento impuesto por la Policía, dispuesto por la Justicia, mientras más de 20 buscan un lugar dónde vivir. Dos permanecen detenidas y 23 con pedido de captura. En el campo donde se pretende sembrar soja, los comuneros tienen, además de sus viviendas, sus cementerios sagrados y sus lugares de culto. Resistieron 500 años de colonización pacíficamente, hasta que el Gobierno de José Alperovich dio el visto bueno para que se logre lo que ni los Incas ni los Españoles, en siglos de conquista, lograron hacer: expulsarlos. Esta vez, en nombre de la soja.


Fuente: Semanario de Tucumán, Edición Impresa.