Alperovich y sus vínculos extranjeros

TUCUMÁN.- Hace poco más de dos semanas, la noticia sobre el supuesto espionaje a políticos opositores, dirigentes universitarios y sindicalistas por parte del gobierno provincial generó revuelo en la provincia.
 
Las actividades presuntamente realizadas por la Dirección de Inteligencia Criminal de la Provincia fueron inmediatamente relacionadas a una vieja denuncia que pende sobre el gobernador José Alperovich: la supuesta relación entre el Poder Ejecutivo provincial y la agencia de inteligencia israelí Mossad. Según el testimonio de dirigentes opositores y de ex empleados encargados de la seguridad en Casa de Gobierno, Alperovich mantuvo un estrecho vínculo con la inteligencia de Israel desde que comenzó su mandato frente al Poder Ejecutivo provincial, en 2003.

En sí, se refieren al vínculo entre la Provincia y la empresa Security and Intelligence Addvising (SIA), una compañía dedicada al asesoramiento, consultoría y servicios de seguridad e inteligencia institucional.
 
La empresa fue contratada a través del decreto 334/1 de 2003, para realizar “servicios de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la Capital Federal”, según reza la norma.

Según la biografía no autorizada de Alperovich, “El Zar tucumano” (de José Sbrocco y Nicolás Balinotti), el mandatario provincial había decidido contratar a la firma para “limpiar todo”. “No confiaba ni en su sombra. Por eso recurrió a una empresa privada” en la que “trabajan ex oficiales de la Mossad y se encargó de supervisar que no hubieran micrófonos en la Casa de Gobierno por temor a escuchas”, cita el libro al presidente de la Kehilá, Jaime Salamon.

“La SIA vino primero a inspeccionar el despacho del gobernador para verificar que no hubieran micrófonos ocultos. Luego, capacitó a mi gente, en lo que fue una capacitación común y corriente”, asegura en el libro el ex jefe de la custodia de Alperovich durante 2000 y 2007, Carlos Suárez Vila.

Lo cierto es que, según denuncian, el gobernador sigue confiando sus trabajos de inteligencia y seguridad a agentes y ex agentes de la Mossad, y dicha relación abre aún más interrogantes sobre las presuntas actividades de espionaje y amedrentamiento sobre opositores.

Pedido de explicaciones

Las dudas sembradas sobre el papel de la D-2 y, ahora, de SIA, en el espionaje e intimidación de dirigentes políticos, sindicales y sociales generaron una serie de cuestionamientos tanto a nivel político como judicial. La semana pasada, el Partido Obrero (PO) presentó una demanda ante la Justicia Federal, en la que se exige que se investigue la veracidad de lo publicado en los medios de prensa.
 
Además, desde la Unión Cívica Radical (UCR) se pidió la presencia de López Herrera en el recinto de la Legislatura, para que explique cuáles son las funciones de la D-2. "Nosotros, en el caso particular como damnificados, puesto que estamos mencionados en la nota periodística, hemos presentado todos los recursos de habeas data para que se interrogue a los organismos pertinentes sobre si hay algún pedido de investigación, de orden de captura, tanto en torno a mi persona como a nivel de la organización que represento", señaló el presidente del PO, Daniel Blanco, quien durante la semana mantuvo una reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Humberto Rava.

Junto a él estuvieron Clarisa Alberstein (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y Gastón Gómez (Barrios de Pie). Tanto los dirigentes de izquierda como referentes del radicalismo manifestaron que en las manifestaciones y asambleas pueden detectarse personas ajenas a los movimientos tomando fotos y filmando.

"Hay gente desconocida que aparece en las marchas filmándonos y después permanentemente sentimos los teléfonos pinchados, eso es moneda corriente”, aseguró Alberstein, quien también es secretaria de Derechos Humanos de la Central Argentina de Trabajadores (CTA).

La D-2 y su accionar encubierto

La semana pasada se hizo pública la declaración de tres ex agentes de la polémica D-2, quienes aseguraron que la repartición llevaba adelante un accionar que colisiona con la ley 25.520 de seguridad interior, que prohíbe de manera taxativa la realización de ese tipo de actividades a las fuerzas de seguridad.

"La función del D-2 es ser el oído y los ojos del gobernador para que pueda tomar medidas y tener respuestas a nivel gremial y político", señaló uno de los ex policías, quien detalló que los agentes de la dirección se centran en actividades realizadas por dirigentes políticos, sociales, gremiales, universitarios y hasta culturales de esta provincia. Esto generó la reacción de dirigentes y políticos opositores, quienes exigieron que se informe sobre las actividades que llevaba adelante la dirección. Sin embargo, tanto Alperovich como el ministro de Seguridad, Mario López Herrera, negaron todas las acusaciones y las tildaron de mera “campaña mediática” en contra del gobierno provincial.

La respuesta que repite el oficialismo: “Son todas mentiras”

Las denuncias que se refieren al presunto accionar ilegal de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Provincia (D-2) fueron categóricamente desmentidas desde el oficialismo. El primero en atacar las versiones fue el propio gobernador José Alperovich. El día en que salió publicado el tema en el diario La Nación, Alperovich aseguró: "Es una mentira total del diario La Nación, ustedes saben cómo trabajamos con total democracia, jamás vamos a espiar".“Lo único que quieren hacer es perjudicar a todos los tucumanos, jamás en mi vida se me ocurriría espiar a opositores, a credos, a sindicatos, al contrario", señaló, al tiempo que aseguraba que nunca había sido consultado por el diario sobre esa cuestión.

Con la misma tónica, aunque explayándose menos, el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, sentenció: “Son todas mentiras”.Legisladores opositores exigieron la presencia del funcionario en el recinto legislativo, para explicar el funcionamiento de la D-2, pero nunca obtuvieron respuestas. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava, señaló al término de la reunión que mantuvo con referentes de la izquierda tucumana, que podía asegurar que “no hay una política de espionaje político en nuestro gobierno, que no sea el control de la delincuencia o actos delictivos".


Fuente: Semanario de Tucumán, Edición Impresa.