TUCUMÁN.- Todavía no existen. O sí, en el anhelo de los padres, en sus sueños dormidos y despiertos, en las familias que los esperan, en la ciencia que ha avanzado lo suficiente para ayudarlos pero se ve encorsetada por la realidad económica.
Son los hijos de las personas que forman la
Agrupación de Personas con Infertilidad en Lucha (APIL). No nacieron aún pero su llanto se escucha en Plaza Independencia cada vez que sus padres desfilan con los cochecitos vacíos en reclamo de una Ley de Fertilización asistida no restrictiva.
Actualmente existe en el Senado de la Nación un proyecto de
Ley de Fertilización Asistida que prevé la inclusión en el Programa Médico Obligatorio del diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, considerada de esta forma como una enfermedad.
El PMO es la canasta básica de prestaciones que todas las obras sociales deben cumplid obligatoriamente, sin carencias, preexistencias ni exámenes de admisión. La aceptación de la infertilidad como una enfermedad y su consecuente inclusión en el PMO significaría el acceso de miles de personas a la posibilidad de ser padres.
Es que los tratamientos de fertilidad tienen una característica actualmente: son excesivamente caros. Esta situación deriva en la injusta situación de que personas de clase media o de escasos recursos deben resignar sus deseos de ser padres por su situación económica.
El proyecto, que fue debatido en el Senado el pasado martes, prevé la inclusión de tratamientos y técnicas médicas de media y alta complejidad avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Incluye fecundación in vitro, congelación de embriones, donación de semen y óvulos y la embriodonación.
Sin embargo, el proyecto excluye aspectos fundamentales de las necesidades de las personas con infertilidad, y ese fue el motivo por el cual dos miembros de Apil, Patricia Argañaráz y Nancy Sánchez, viajaron a Buenos Aires llevando sus planteos al debate en el Senado. Allí leyeron un documento, que explica cuáles son los límites del actual proyecto y cuáles son las necesidades reales de quienes desean y no pueden concebir hijos.
El reclamo principalmente incluye la garantía de la cobertura del 100 por ciento de los costos médicos de los tratamientos, y no el 50 por ciento, y la eliminación del tope de dos intentos que, es ampliamente sabido, muchas veces resultan insuficientes. Además, especifica las necesidades de mantenimiento y conservación de los embriones. Pero sobre todo, hace hincapié en la necesidad de que la Ley no sea restrictiva en cuanto a la edad.
Solicitan que se quite el tope de 40 años para acceder al tratamiento, ya que en la actualidad, y cada vez más, las personas que desean tener un hijo toman la decisión pasada esta edad, o lo hacen antes, pero el diagnóstico demora tanto que muchas personas pasan el límite.
En el otro extremo, se encuentra el pedido de bajar el tope de 30 años, ya que muchas personas cuentan con un diagnóstico de infertilidad alrededor de los 20, y el tiempo que pierden en esperar a cumplir la edad atenta contra la calidad de los óvulos femeninos. Concretamente, piden que se elimine cualquier tope de edad, porque las realidades médicas y emocionales de cada persona son variadas.
El problema fundamental del proyecto en discusión es que no califica a la infertilidad como una enfermedad, por lo que las prestaciones quedan libradas a la reglamentación que luego imponga el Ministerio de Salud.
Y es que, de hecho, la infertilidad es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud advierten que afecta a una de cada seis parejas. La necesidad de recibir óvulos de personas jóvenes aumentó entre las parejas en un 100 por ciento pese a los autos costos que implican. Se estima que, una vez democratizado el acceso este número se multiplicará.
Al mismo tiempo, el proceso de debate de reforma del Código Civil establece un método ampliamente utilizado en otros países del mundo, pero de altísimo costo: el de maternidad subrogada, conocida popularmente como “alquiler de vientres”
La maternidad subrogante es una experiencia que ha dado fabulosos resultados en el mundo. Consiste en la gestación de un bebé en el vientre de una mujer que acepta llevar adelante el embarazo y dar a luz a un niño que será, legal, afectiva y a veces genéticamente, hijo de otra persona.
Existen varias formas de concepción del bebé. En el primero de los casos, el niño puede ser producto del óvulo de la mujer que lo gestará, fecundado por un donante. También se puede fecundar al óvulo de la madre subrogante con el espermatozoide del padre del niño. Y en muchos casos, se trata de un óvulo de la madre fecundado con un espermatozoide del padre, implantado en el vientre de la “madre de alquiler”.
En muchos casos, el tratamiento se lleva a cabo entre personas que se conocen, como hermanas o hijas. En otros, se establece el vínculo con mujeres extrañas a las que se les abona una cifra que puede ir de los 4 mil dólares en la India a los 40 mil en Estados Unidos.
Hay países que consideran que el bebé nacido de esta manera es hijo legal de la mujer que lo da a luz, como España y Francia. Hay otros que permiten la práctica, pero prohíbe las razones comerciales, como Canadá. Y en otros países los contratos son plenamente legales.
Todavía no se conoce cuál será la modalidad que adopte nuestro país en el nuevo Código Civil.
Sin embargo, de prosperar las iniciativas de fertilización asistida en su forma no restrictiva, y de maternidad subrogante, quizás se pueda celebrar el año que viene, o el próximo, una marcha nueva de cochecitos en Plaza Independencia. Pero esta vez, será plagada de los llantos y risas de los niños que, sean cuales fueran las posibilidades económicas de sus padres, tuvieron el derecho de nacer y completar familias que lucharon valientemente por su derecho a existir.
Fuente: Semanario
de Tucumán, Edición Impresa.