TUCUMÁN

El Gobierno Nacional deberá pagarle $ 800 mil a un exgobernador tucumano

José Domato fue arrestado en el año 2000, por presunta malversación de fondos. Años más tarde, fue sobreseído
sábado, 12 de marzo de 2011 · 16:41

La justicia federal de Tucumán condenó al estado nacional a indemnizar con 800 mil pesos al ex gobernador peronista José Domato por el daño moral que sufrió cuando la intervención federal de Julio César Araoz dispuso su arresto por presunta malversación de fondos en una causa de la que fue sobreseído años después.

La indemnización fue dispuesta en un fallo del juez federal Mario Racedo quien admitió el reclamo de indemnización por daño moral pero descartó un pedido por lucro cesante.
En su sentencia, el magistrado dijo que "si bien la detención no se cumplió en una cárcel, la humillación subsistió, y el daño proveniente de esa detención afectó el derecho personalísimo a la libertad, al honor, a la vida familiar y a disfrutar plenamente del derecho de hacer lo que se tenga ganas". Y resaltó que "en el proceso penal aludido no se probó la existencia del delito que dio origen a la causa".

Racedo admitió el juicio por daños y perjuicios presentado por Domato y ordenó una indemnización de 800.000 pesos en un fallo que puede ser apelado por las autoridades nacionales.

El ex gobernador fue arrestado en 2000 en una causa por presuntas anomalías en un préstamo de un millón y medio de dólares con un banco local que le inició la intervención federal de Julio César Araoz dispuesta por el Congreso Nacional en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem.

Domato evitó pronunciarse públicamente sobre la cuestión, señaló en su edición de hoy el diario La Gaceta que remarcó que el resarcimiento obedece al daño moral causado por la prisión preventiva dictada contra el ex mandatario y que rigió durante nueve años.

La intervención comenzó el 15 de enero de 1991 en Tucumán y una semana después la gestión de Aráoz le inició una demanda a Domato por supuestas irregularidades en el otorgamiento del crédito millonario a dueños del ingenio Leales, a través de una garantía que presentó la provincia en 1990 a favor de la ex Compañía Azucarera del Norte (CAN), concursada.

Como la firma era deudora del entonces Banco de la Provincia de Tucumán, se trianguló el crédito a través de la Caja Popular de Ahorros, recordó el periódico. Ante ello, la Intervención Federal dispuso el arresto de Domato y parte de su gabinete por presunta malversación de caudales públicos.

En marzo de 2000, la justicia penal sobreseyó a Domato al declarar su inocencia ante las imputaciones junto con los industriales azucareros Jorge y Máximo de Prat Gay. Amparado en ese fallo, Domato inició en 2001 una demanda por daños y perjuicios contra el Estado nacional. El abogado Mario Orlando Eberlé, ex patrocinante de Domato, señaló que el procesamiento con prisión preventiva durante nueve años dañaron la vida profesional y pública "irreprochable" del gobernador.

El letrado inició los reclamos judiciales porque durante los años en los que estuvo detenido, Domato se vio imposibilitado de ejercer su profesión de ingeniero agrónomo.