La doctrina Bullrich

Hasta que se demuestre lo contrario

Las fakes news y la política de seguridad.
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martes, 06 de noviembre de 2018 · 17:23

¿Para qué necesita Marcos Peña a los famosos “trolls” de Twitter si tiene, fuera del mundo virtual, a notables difusores de noticias falsas que hacen el trabajo con impecable eficacia?

El macrismo se sujetó de tres temas sensibles para alimentar la grieta con noticias falsas. Las difundió en redes, pero también en conferencias de prensa, en entrevistas, y a través de periodistas afines. 

Los casos son los de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Luis Chocobar. El objetivo, en los tres, fue lograr revertir la imagen negativa de las fuerzas de seguridad y apoyar la mano dura. Pero también buscó desacreditar, por añadidura, cualquier crítica al gobierno.

Maldonado estuvo 70 días desaparecido, tras un operativo de la Gendarmería para desalojar a la comunidad mapuche en un sector de Chubut. Antes de que su cuerpo sin vida fuera hallado en el río, voceros del gobierno dijeron primero que había sido herido de muerte por un puestero y luego que estaba en Chile, escondido, como parte de un plan para destituir a Macri, orquestado por Cristina. 

Luego, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, bajo cuya órbita está la Gendarmería, puso en duda que Santiago Maldonado haya estado en el lugar del conflicto, teoría que fue reafirmada por Claudio Avruj, el secretario de derechos humanos. 

Como el caso fue previo a las elecciones de medio término, el macrismo se desesperó por contener una crisis de imagen, y la oposición, por provocarla. Pero en el medio, no importaron los medios, sí los fines. El pico de la fake news llegó con un debate electoral en el que la diputada nacional Elisa Carrió, una aliada importante de Macri, dijo: “Hay un 20 por ciento de probabilidades de que Maldonado esté en Chile”. No estaba en Chile, estaba muerto

¿Sobre la base de qué lo dijo? ¿Con qué responsabilidad lo hizo? El gobierno, que tenía la obligación de garantizar la búsqueda de la verdad, se aseguró de embarrar la cancha con trascendidos. Lo mismo que hizo un sector del kirchnerismo cuando apareció muerto el fiscal Alberto Nisman.

Pero el macrismo no aprendió la lección (acaso porque no le interesó) y repitió los pasos tras el asesinato de Rafael Nahuel, otro chico de 22 años de la comunidad mapuche que, en otro operativo, murió por un disparo en el glúteo.

Bullrich instaló por primera vez después de ese hecho lo que quizás vino a hacer al Ministerio. Imponer que las fuerzas de seguridad actúan legítimamente a menos que se demuestre lo contrario

Reforzó esa “doctrina” con el caso del policía Luis Chocobar, que estando de civil, siendo parte de la policía municipal de Avellaneda, disparó varias veces su arma en Capital Federal y mató a un ladrón que había apuñalado a un turista. Mató a un ladrón que, además, casi asesina a un turista. Entonces, vale. ¿Vale? Claro que no, para eso está la justicia. Caso contrario, seguiría vigente la ley de la selva, el ojo por ojo.

Bullrich lo volvió a hacer ahora con una pericia que algunos medios presentaron como favorable a Chocobar, porque la bala que mató al ladrón rebotó antes en el pavimento, La ministra se envalentonó y recibió en su oficina a un gendarme que mató a un ladrón y a una policía de la Ciudad que asesinó a un motochorro que escapaba sin armas. El video, en este último caso, es contundente. La justicia, en primera instancia, la absolvió. Pero la decisión fue apelada.

En el mientras tanto, no sólo no importan los hechos, tampoco las consecuencias de las noticias falsas. El gobierno, que también construye su relato, como el anterior, despierta y alimenta el espíritu de la mano dura, justo cuando en Brasil ese discurso impera y también en Estados Unidos. Si bien es un camino fácil, es el más peligroso. 

A propósito, no es cierto que “en cualquier país del mundo” lo que hace la policía se presume legal. Al contrario. Las mejores fakes news empiezan con la frase: "En cualquier país del mundo...". En Europa, por ejemplo, las áreas de asuntos internos son muy importantes y cualquier muerte en la que esté involucrado un miembro de las fuerzas de seguridad es sometida a un peritaje, y queda bajo sospecha, hasta que se demuestre lo contrario.