Opinión

Patricia Bullrich y una mentira nada piadosa

Qué se esconde detrás de la resolución que alienta el uso de las armas por parte de las fuerzas de seguridad.
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lunes, 03 de diciembre de 2018 · 16:15

Una de las peores herencias que dejará el macrismo será el giro radical hacia la mano dura en la política de seguridad, basado en argumentos y datos falsos. El mejor y más triste ejemplo de esto es la resolución que firmó Patricia Bullrich para alentar el uso de armas de fuego por parte de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura.

Bullrich aduce que por el estigma que arrastran las fuerzas de seguridad desde la última dictadura militar, los uniformados prefieren no enfrentar el delito para no quedar involucrados en procesos judiciales. Es el primer dato falso. El abuso en la utilización de armas es moneda corriente en todas las policías.

La ministra consideró apropiado poner en un texto institucional su respaldo incondicional a los “Chocobar” que hay en las fuerzas para que dejen de tener “miedo”. Todo esto, pese a que el policía fue procesado y embargado luego de matar por la espalda a un delincuente, estando fuera de servicio y jurisdicción. Hasta la Corte Suprema consideró que debe ser enjuiciado. Pero para Bullrich es un caso testigo de las limitaciones que tiene la policía para combatir al delito.

La resolución 956/18 que salió en el Boletín Oficial quita la obligación al personal de seguridad federal de dar la voz de alto antes del uso de la fuerza letal y lo habilita a disparar cuando presuma que el “sospechoso” pueda poseer un arma de fuego o intente hacerse de una para enfrentar a la autoridad. 

Esta flexibilización de las normas internas representa un mensaje de respaldo político peligroso al uso indebido del monopolio de la fuerza, que lo tiene el Estado. La resolución no solo viola el Código Penal, sino que es contraria a la ley de Seguridad Pública de la Ciudad (5688) y al reglamento actual de la Policía Federal (que no fue derogado con esta resolución) que prohíbe por ejemplo el uso del disparo en caso de fuga del sospechoso (como ocurrió con Luis Chocobar).

Otra mentira de Bullrich es que esto es parte “de una filosofía internacional que sigue los principios de las Naciones Unidas”. Esos “principios básicos” de Naciones Unidas (que se pueden ver acá) , al contrario de lo que dice la ministra, desincentivan claramente el uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad.

En el punto 2 del reglamento de la ONU establece que debe autorizarse a las fuerzas de seguridad a usar armas incapacitantes no letales “con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes”.

En el punto 3 pide que se siga con cuidado la fabricación de esas armas incapacitantes para no provocar lesiones graves. En el punto 4 aclara explícitamente que el uso de fuerza letal será el último recurso y deberá hacerse con una serie de rigurosas condiciones, como que la reacción sea proporcional al daño y que se evite al máximo una muerte.

Es falso que “el mundo” esté utilizando como parámetro el uso de armas de fuego como prioridad. A menos que tomemos como “el mundo” a países subdesarrollados con democracias frágiles. Y sino basta con mirar a Inglaterra, que está siempre en alerta por posibles ataques terroristas, y así y todo tiene restringido al máximo el uso de armas de fuego. 

Por ejemplo, los policías que patrullan la ciudad en Londres tienen prohibido portar armas letales y solo hay un grupo reducido de uniformados, preparados con entrenamientos de elite, que pueden disparar en casos excepcionales. Un artículo de la BBC, titulado las 5 policías del mundo que no usan armas, explica cómo la doctrina internacional es ir reduciendo la utilización de la fuerza letal.

Pero deformando la realidad, Bullrich y Macri quieren hacerle creer a la ciudadanía que las fuerzas de seguridad en la Argentina tienen “las manos atadas” para combatir la delincuencia, y eso no es cierto. En todo caso, hay preparación escasa y mal diseño de las estrategias. Las fuerzas de seguridad no están mal vistas sólo por el fantasma de la dictadura, que en cualquier caso pesa más entre los militares que entre el resto de las organizaciones. Está mal vista por su mala preparación y por sus abusos. El caso del chico militante de la CTEP que fue asesinado por la Policía bonaerense de un disparo en la cabeza. Está mal vista porque en un contexto cada vez más grande de desigualdad social, las fuerzas de seguridad se convierten en una herramienta para doblegar a los más vulnerables. 

El avance de la doctrina de mano dura es posible gracias a que la sociedad carece de espíritu crítico y la dirigencia, de escrúpulos. Las dos cosas, combinadas, hacen que, por ejemplo, Bullrich pueda mentir en asuntos sensibles sin que nadie (o pocas voces) la cuestione.

La ministra preferida de Macri toma impulso con fallos judiciales como el que cerró la causa de Santiago Maldonado, el joven que desapareció por 70 días tras un operativo de Gendarmería en el sur, en tierras habitadas por mapuches.

Como un sector de la oposición se apuró a decir que era una desaparición forzada, y como la pericia dijo que Maldonado se murió ahogado en el Río Chubut, para Bullrich y para el Gobierno el asunto quedó cerrado.

Sin embargo, lo que Bullrich no explicó es por qué y cómo Maldonado cayó al agua, justo cuando los gendarmes estaban en ese lugar reprimiendo con el objetivo de desalojar las tierras. La Gendarmería tampoco pudo refutar la represión, porque no filmó el ingreso al predio en cuestión.

Y si no hay nada que explicar, por qué la propia Bullrich, antes de que aparezca Maldonado muerto, sugirió que el joven había sido malherido por un puestero, puso en duda su presencia en el lugar del operativo de Gendarmería y hasta incentivó, por parte de sus funcionarios, la teoría de que estaba escondido en Chile.

En el caso que no quedaron dudas y sin embargo no hay nadie preso es en el de Rafael Nahuel, un chico de 22 años que murió por un balazo en el glúteo (o sea, lo mataron por la espalda), con munición que se comprobó que fue disparada por un oficial del grupo Albatros de Prefectura. Para coronar el caso, las pericias determinaron que Rafael no tenía pólvora en las manos, lo que echa por tierra la declaración de Bullrich de que Prefectura se defendió de los disparos de los mapuches. De hecho, Rafael ni siquiera era mapuche.

Que la gente no cuestione la información oficial es inquietante, que no lo haga el periodismo es grave, y que las autoridades mientan con tanta alevosía debería ser motivo suficiente para que no puedan volver a ocupar cargos públicos nunca más.

Un dirigente del PRO anunció que habrá denuncias penales para todos y todas los que hayan afirmado falsamente que lo de Maldonado había sido una desaparición forzada. Explicó que los que dijeron eso buscaron debilitar a las instituciones. Lo que desconoce o no mira este dirigente es que el que tiene que garantizar la búsqueda de la verdad es el Estado y es precisamente lo que no hizo en este caso. Maldonado estuvo desaparecido durante 70 días en los que los funcionarios del más alto nivel mintieron alevosamente. La oposición intentó aprovecharse políticamente del caso, es cierto y lamentable. Pero el macrismo hizo con el caso Maldonado lo mismo que el kirchnerismo con Nisman: embarró tanto la cancha que cuando hubo una pericia judicial la creyeron pocos. Porque Argentina es un país en el que las creencias valen más que los datos. Y los reglamentos, más que las leyes. O al menos eso parece. (Por Mariano Confalonieri, para El Intransigente)