Promulgan la ley de Defensa de la Competencia para combatir conductas monopólicas

Establece multas según el monto del beneficio ilícito -la sanción podría ser hasta el doble-; el porcentaje de volumen de negocios del grupo económico; y multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles
martes, 15 de mayo de 2018 · 09:38

El Gobierno promulgó hoy la Ley de Defensa de la Competencia, con la que se buscará combatir conductas monopólicas de las grandes compañías formadoras de precios.

Fue sancionada el pasado 9 de mayo por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró el apoyo de dos sectores de la oposición, precisamente el interbloque Argentina Federal y del Frente Renovador. Fue promulgada luego de los cambios que introdujera la Cámara de Senadores.

Se establece que quedaron prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia.

Tampoco las empresas podrán incurrir en prácticas que limiten el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Se les aplicarán las sanciones establecidas en esta ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponder como consecuencia de los mismos. .

Establece multas según tres criterios objetivos: el del monto del beneficio ilícito -la sanción podría ser hasta el doble-; el porcentaje de volumen de negocios del grupo económico; y multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles

La iniciativa crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de él funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.

En este marco, se estableció la prohibición de los acuerdos de cartelización entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de "repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento".

Además contempla un "Programa de Clemencia" con beneficios de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran, "en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel".