mafia de los contenedores

Fiscal pidió la declaración indagatoria de empresarios y aduaneros

Según la investigación, existió una asociación ilícita entre dichas figuras que, entre 2014 y 2015, falsificaba declaraciones juradas
viernes, 06 de octubre de 2017 · 12:05

BUENOS AIRES  (NA) - La fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales en conjunto con la Procelac pidieron la declaración indagatoria de Daniel Santanna, extitular de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y entonces mano derecha de Ricardo Echegaray, así como a otros funcionarios aduaneros y gran cantidad de empresarios en la causa conocida como "la mafia de los contenedores".

El pedido de los fiscales Ruiz Morales, Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, los dos últimos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue presentado ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Según la investigación, se acreditó la existencia de una asociación ilícita conformada por empresarios y aduaneros que entre 2014 y 2015 falsificó las declaraciones juradas de los contenedores que ingresaban al puerto de Buenos Aires.

En ese sentido se falseaba el peso de los contenedores así como el contenido de la mercadería que había en ellos.

En el requerimiento de los fiscales se estimó que en base a un contenedor verificado y que pertenecía a la organización tenía un valor en plaza de 871.332 dólares, y si eso se traslada a los 500 containers que introdujo la organización entre 2014 y 2015 el valor estimado final es de 435.000.000 de dólares.

"La magnitud y complejidad de las maniobras objeto de análisis supone la existencia de un gran número de personas involucradas, que habrían actuado de modo organizado, conformando múltiples eslabones en una cadena de responsabilidades nutrida del accionar de agencias navieras, agentes de carga (o "forwarders"), despachantes de aduana, funcionarios públicos y los reales importadores -beneficiarios finales de la maniobra- que se ocultaron detrás de interpósitas personas jurídicas", señalaron los fiscales.

El pedido de indagatorias es contra los empresarios Paolantonio, los hermanos Alejandro, Miguel Fernando y Diego, quienes "contaban con el apoyo de los funcionarios aduaneros que debían controlar el legal ingreso al país de esas carga" y en donde "se habría montado un complejo y aceitado entramado de empresas y personas físicas que, ocultando la real identidad de los importadores y a través de la presentación ante el servicio aduanero de documentación apócrifa, ingresaba a nuestro país elementos de distinta especie y mayor valor (principalmente textiles y "popurrí"), con el fin último de someter la mercadería importada a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que hubiese correspondido".

"No es posible imaginar que esa operatoria masiva, reiterada, sistemática y delictiva ocurriera sin la anuencia de los funcionarios aduaneros encargados de controlar la correcta nacionalización de esas mercaderías", dijo la fiscalía y por eso reclamó además las indagatorias de Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi, ambos exdirectores de Aduanas Metropolitanas y detenidos en el marco de otra de las causas por la "mafia de los contenedores".

La acusación sobre Santanna, Paolucci y Bernardi es por el dominio que tenían sobre el territorio donde tuvieron lugar las maniobras de contrabando, y es por ello que se los acusa de "brindar un marco de cobertura genérica ilegal a sus dependientes, quienes debían realizar sus tareas de fiscalización de manera solo aparente, para que no entorpecieran la estructura delictual".

El pedido de indagatoria también abarca a otras más de treinta personas entre ellos representantes de empresas importadoras, de depósitos fiscales, despachantes aduaneros y otros verificadores de aduana.

Junto con las indagatorias se pidió que se fije la prohibición de salida del país de todos los imputados y que se disponga el embargo con fines de decomiso de automotores, dinero y otros bienes muebles e inmuebles, fondos registrados en cuentas bancarias y otros productos financieros que se encuentren bajo la titularidad de los acusados.

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