Viral

Osvaldo granados difundió un acuerdo del PJ y el kirchnerismo y generó polémica en las redes

Ante el destape que realizó el columnista de El Intransigente, hubo gente que viralizó la información para evitar que se llevara adelante el presunto pacto.
martes, 15 de enero de 2019 · 16:39

El columnista de El Intransigente Osvaldo Granados dio detalles de un acuerdo entre el peronismo y el kirchnerismo por la extinción de dominio y se viralizó la información con el objetivo de "frenar" el presunto pacto entre partes en el Congreso.

Ambos sectores “han acordado la ley de extinción de dominio sin efecto retroactivo, lo que significa que la plata robada no va a volver. Difunda por favor. ¡Nos toman por b…! Ahora se entiende de donde viene tanta manija ¿Queda alguna duda de quién está detrás de todo este show? ¡Cuánta hipocresía!”, advierte el mensaje viral tras el anuncio del destacado periodista.  

“¡Cacerolazo digital! ¡Ahora es el momento de exigirles a nuestros políticos que estén a la altura de las circunstancias y se unan para acabar con esto, y evitar lo que se viene! Como así también nuestra responsabilidad de abrirles los ojos. No podemos permitir que no gobiernen nuevamente los delincuentes corruptos con más causas penales que diplomas”, continúa la cadena viral.

“Hay que mostrar que somos más de 16.600.000 (53,3%) que no los votaron. Es una extraordinaria oportunidad de hacer una protesta desde nuestras casas”, agitó y recordó que el “cacerolazo hizo efecto”, resaltando que “nosotros somos el Estado”. Finalmente, el mensaje concluye pidiendo que no se corte la cadena viral, aunque el convencimiento no sea absoluto, con la intención de multiplicar el conocimiento público de la denuncia tras el destape de Osvaldo Granados.

Cabe recordar que, el 23 de junio de 2016, la Cámara de Diputados logró aprobar con amplia mayoría la media sanción del proyecto de ley sobre extinción de dominio y repatriación de bienes, presentado por el aquel entonces diputado nacional Sergio Massa. Si bien el proyecto original sufrió algunas modificaciones, producto del consenso político, lo cierto es que se votó un proyecto de ley en línea con los parámetros internacionales.

Pero el Senado, luego de recibir el giro de la Cámara baja, lejos de acompañar la iniciativa de Diputados o bien proponer mejoras, archivó y clausuró su tratamiento. Sin embargo, este cuadro de situación empeoró cuando en el Senado se presentó un proyecto de ley que pretendía modificar el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación.

Una de las diferencias más significativas entre ambos proyectos se encuentra en el juez con capacidad para decidir la Extinción del Dominio: el proyecto que impulsaba Cambiemos, le otorgaba la potestad al fuero civil, en paralelo a la causa penal por el delito cometido, incluso sin condena firme. En cambio, la iniciativa del PJ, que fue la que efectivamente prosperó, le da la potestad al juez penal y sostiene que la Extinción de Dominio sólo puede dictarse una vez que haya sentencia de primera instancia.  

Asimismo, mientras que el proyecto de Pinedo establecía que la extinción de domino puede aplicarse a causas en curso o por hechos ocurridos antes de dictarse la ley, el Justicialismo se opuso al sostener que las leyes no pueden ser retroactivas. 

Lo cierto es que el proyecto no tiene ninguna de las características que debe tener una norma de extinción de dominio, por el contrario, se desvirtúa ante el temor de su verdadera puesta en funcionamiento. De esta manera, se continúa queriendo encasillar esta herramienta dentro del proceso penal, cuando la acción de extinción de dominio debe ser de naturaleza jurisdiccional, autónoma, de carácter real y de contenido patrimonial, puesto que se persiguen bienes, no personas. 

La extinción de dominio debe entenderse como una consecuencia jurídico-patrimonial de actividades ilícitas que consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes que disponga la propia ley, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna, que debe proceder sobre cualquier derecho cuando el bien o los bienes provengan, entre otros supuestos, directa o indirectamente de una actividad ilícita. 
 

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