Extinción de dominio

Camaño advirtió sobre la inconstitucionalidad del DNU

La diputada del FR consideró que la iniciativa del Gobierno 'deja resquicios'.
martes, 22 de enero de 2019 · 15:23

La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño consideró hoy que la extinción de dominio, al ser presentada por decreto, "deja resquicios" para la inconstitucionalidad, aunque manifestó su esperanza de que al gobierno nacional "le vaya bien" con la iniciativa.
   
"Al tratarse como un DNU, ha dejado un resquicio muy importante para que tengamos inconvenientes. Vamos a insistir con nuestro proyecto para que tengamos una ley como corresponde y que no haya cuestionamientos de inconstitucionalidad", manifestó Camaño. "Promovimos, promovemos, y promoveremos la posibilidad de tener una acción autónoma para extinguir el dominio de los delitos que cometen quienes están mejor acomodados socialmente. En el caso de la corrupción, el poder político", añadió.
   
El Gobierno nacional dio a conocer hoy el decreto de necesidad y urgencia por el que entra en vigencia el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros del Gabinete nacional, el decreto 62/2019 fue publicado hoy en el Boletín Oficial.
  
"Espero que le vaya bien al gobierno con el proyecto, no obstante lo cual observo que la vía del decreto de necesidad y urgencia cuando se trata de un tema penal requiere una ley y esto lo expresa taxativamente la Constitución en el artículo 99 inciso 3", señaló Camaño. "El Poder Ejecutivo toma un atajo novedoso para meterse en el tema por el lado del Código Civil. Pero hay materias que le están vedadas el Poder Ejecutivo", agregó en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red. 

El Gobierno justificó la aplicación del régimen por decreto, al señalar que "la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos".
   
También sostuvo que "el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley".
   
Y advirtió que "el enfrentamiento a los grupos criminales complejos implica una serie de desafíos que están dados por la magnitud de los recursos que manejan, su grado de organización y sofisticación, lo que hace necesario abordar este flagelo desde diversas perspectivas".
   
Así, el Poder Ejecutivo sostuvo que a través de la norma se busca proveer al Ministerio Público Fiscal de "herramientas concretas para llevar adelante juicios contradictorios, donde quienes sean acusados de la comisión de los delitos" previstos sean "sometidos a una investigación con el objeto de determinar si su patrimonio o parte de él está constituido por causa ilícita".
 

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