IRREGULARIDADES EN OBRA PÚBLICA

El fiscal rechazó que el juicio a Cristina Kirchner se lleve a cabo en Santa Cruz

La defensa de la exmandataria había elevado un pedido señalando que los supuestos hechos delictivos habrían ocurrido en dicha ciudad sureña, por lo que allí debían ser tratados.
lunes, 11 de febrero de 2019 · 10:24

El fiscal federal Diego Luciani rechazó el pedido de la defensa de la exmandataria Cristina Kirchner para que el juicio oral por las irregularidades en la concesión de la obra pública recibida por el empresario Lázaro Báez se lleve adelante en Santa Cruz.

Luciani dictaminó por no aceptar el planteo de la expresidenta, según pudo saber Infobae, y ahora lo deberá resolver el Tribunal Oral Federal 2. El 26 de febrero tiene previsto iniciar el juicio a Cristina Kirchner, Báez y otros 14 acusados.

Desde la defensa de Cristina argumentaron que los hechos ocurrieron en esa provincia del sur del país y no en la ciudad de Buenos Aires. Además, señalaron que tales causas ya fueron analizados por la justicia y rechazados.

Sin embargo, el fiscal consideró que la causa involucra a funcionarios nacionales y que los fondos involucrados son del Poder Ejecutivo Nacional que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, y que por eso se debe juzgar en su justicia. Luciani también destacó que las causas que se tramitaron en Santa Cruz fueron cerradas sin ser investigadas.

En el caso se investiga la presunta entrega irregular de 52 contratos del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, para las empresas de Báez en Santa Cruz por 46 mil millones de pesos durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Además de Cristina Kirchner, Báez y De Vido, serán juzgados José López, Abel Fatala, Néstor Periotti y Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y detenido en la causa, entre otros. Los delitos que se juzgarán son los de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

El proceso estará a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara y del fiscal Diego Luciani. Tendrá como querellantes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), dos organismos del gobierno de Mauricio Macri.

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