CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Corte Suprema amplía el derecho de acceso a la información

En base a un pedido particular, el Tribunal Superior manifestó que las restricciones a la información deberán estar muy bien fundadas.
jueves, 07 de marzo de 2019 · 15:14

La Corte Suprema amplió la categoría de información pública e incluyó decretos reservados y secretos, a raíz de un pedido que había hecho el periodista de Clarín Claudio Savoia, en 2017. 

El corresponsal le había solicitado a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que le brindara información sobre determinados decretos del Poder Ejecutivo nacional, pero su pedido fue rechazado. La negativa estuvo justificada en lo dispuesto en el artículo 16, inciso a, del anexo VII, del decreto 1172/03, que faculta al Poder Ejecutivo a negar información expresamente clasificada como reservada, "especialmente la referida a la seguridad, defensa o política exterior”. 

Savoia, ante esta negativa, manifestó que la respuesta de la Secretaría no estaba del todo clara ni tampoco se ajustaba con la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos de acceso a la información.

La Corte Suprema se hizo eco de la demanda del periodista y, con la firma de Juan Carlos Mequeda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rossati, declaró admisible su pedido. El Tribunal concluyó que la conducta del Estado Nacional, al negar la información, resultaba ilegitima al contemplar las normas nacionales e internacionales. Cabe destacar que Carlos Rosenkrantz se excusó de firmar la declaración de la Corte Suprema por motivos de decoro (artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por otro lado, el Tribunal destacó que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación tenía datos que permanecían clasificados como “secretos”, sin que existiera un acto formal y explícito que dispusiera y explicara a la sociedad las razones especiales por las que deberían permanecer de ese modo.

La Corte manifestó que la consideración de información de carácter “secreto” y “reservado” de las normas requerirá una justificación mejor fundada, y aseguró que la legitimación para solicitar acceso a la información bajo control del Estado es amplia y corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal.