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Enojo con el intendente, el deseo de justicia amiga y "recuperar lo robado"

Un jefe comunal en apuros, un gobernador que 'completa' su Corte, y el futuro de Echegaray
viernes, 04 de mayo de 2018 · 16:30

Hacer la Corte

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, tiene que ocupar una vacante de la Suprema Corte de Justicia provincial tras la renuncia de uno de sus miembros, que se alejó obligado por acusaciones en su contra sobre crímenes de lesa humanidad.

Juan Carlos Caballero Vidal presentó su dimisión como miembro del tribunal supremo provincial en noviembre, después de que se ventilara su participación en una detención durante la dictadura, de acuerdo a los dichos de un abogado.

Pero para reemplazarlo, el gobierno de Uñac armó -según dice la oposición- una terna que coloca con muchas posibilidades a una colaboradora suya que además es la hermana del presidente de su bloque en la Legislatura.

Se trata de Adriana García Nieto, que actualmente es asesora legal en el gobierno provincial. Su incorporación a la lista de posibles reemplazantes de Caballero Vidal enojó a los abogados, que a través del Foro provincial, cuestionaron la iniciativa.

Sostienen, además, que se trata de una forma de generar “adictos” dentro del máximo tribunal de la Provincia.  

A dos puntas...

Había iniciado conversaciones con los funcionarios de María Eugenia Vidal para encolumnarse al proyecto político de Cambiemos. Pero en la última semana decidió boicotear un potencial acuerdo rechazando varias iniciativas de la gobernadora a través del Concejo Deliberante, que él domina.

Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy, de origen peronista y alguna vez hombre de Sergio Massa, ordenó a su tropa votar en contra de la emergencia tarifaria y la reforma previsional y aprobó un repudio al cierre de establecimientos educativos.

En la Rosada y en la Gobernación se pregunta a qué está jugando el jefe comunal. “Lucas Burgos es el presidente del bloque de Britos, que se sigue llamando Frente Renovador”, explicaron en la Provincia.

Maniobra fraudulenta

Los jueces federales que analizaron en las últimas semanas el expediente de Cristóbal López están convencidos de que la retención de más de 8 mil millones en impuestos no fue una maniobra individual, sino de una “compleja maniobra defraudatoria” en la que la AFIP “facilitó por acción u omisión que se concretara”.

Uno de los magistrados que tomó contacto con el expediente dijo, en diálogo con El intransigente, que el Estado tiene que recuperar los activos que se perdieron con la maniobra y que por eso se trabó un embargo de 17 mil millones de pesos tanto contra Cristóbal López como contra Fabián de Sousa.

López y De Sousa habían sido beneficiados con la libertad y el cambio de la carátula del delito investigado, que pasó de ser una maniobra defraudatoria a una evasión común. Lo habían afirmado así los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Los dos jueces decidieron, tras la polémica decisión, apartarse del centro de la escena (uno con licencia, el otro con traslado).

Pero una revisión de otra sala, la de Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, puso otra vez a los empresarios en prisión, y confirmó la gravedad de los delitos impositivos cometidos, remarcando la articulación entre Estado (vía la AFIP de Ricardo Echegaray) y el grupo empresario para provocarle un daño al fisco en beneficio de particulares.

Resta saber cuál será el futuro de Echegaray, que hasta ahora había sido “salvado” en otras instancias, y que el fiscal Raúl Pleé omitió incluir en la lista de prisiones preventivas, algo que causó malestar en sus compañeros del fuero.