Vacunación

La justicia obliga a una familia a vacunar a su bebé

El proceso contra los padres del menor se iniciaron tras considerar que su decisión de no vacunar al niño, excede el derecho individual y que perjudica a los de la comunidad.
miércoles, 16 de enero de 2019 · 14:03

A través de un fallo de la Cámara Civil, la justicia obliga a una familia a vacunar a su bebé luego de haberse negado al momento del nacimiento del menor a que éste accediera a la vacunación de hepatitis B y BCG (tuberculosis), acto el tribunal consideró que excede el derecho individual y que perjudica a los de la comunidad.

Todo comenzó a raíz de la presentación del señor Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces n° 1, quien -tras un llamado del sanatorio en el que se produjo el nacimiento- expuso que el día en que nació el menor -28 de diciembre de 2048- sus progenitores se negaron a que se le aplique la vacuna neonatal contra la hepatitis B y BCG (tuberculosis), para lo cual suscribieron un acta. Ante esto, se peticionó que se los intimara a dar cumplimiento con el calendario oficial de vacunación bajo apercibimiento de su aplicación compulsiva conforme lo dispuesto por la ley 22.909. 

Como resultado, el último día hábil del 2018 se realizó la remisión al juzgado civil n° 9 de turno en esta feria y el 3 de enero de este año la jueza a cargo dictó la resolución impugnada y ordenó habilitar la feria judicial e intimar a los padres del bebé con la finalidad de que dentro del plazo de tres (3) días acrediten el cumplimiento de la aplicación de las vacunas antihepatitis B y BCG a su hijo. Los progenitores fueron notificados mediante cédula a los días, quienes finalmente interpusieron recursos de reposición, nulidad y apelación subsidiaria. 

En ese sentido, explicaron que la nulidad resulta procedente dado que el juez resolvió frente a una simple comunicación del lugar hospitalario en que ocurrió la llegada del niño al mundo sin haber realizado los estudios adecuados de compatibilidad con la vacuna que se intenta aplicar y tampoco considerado el alto riesgo de mortalidad al que se verá expuesto su hijo por la aplicación de la medicación. 

También, alegaron que se violó el debido proceso legal dado que no se les dio oportunidad de acreditar con fundamentación médica su negativa, lo que recién pudieron hacer a través de un informe. Por otro lado, en lo que hace a la cuestión de fondo, señalaron que su negativa se funda en el hecho de que la vacunación de T. S. supone un alto riesgo para su salud que alcanza, incluso, el peligro de muerte súbita; por ello, compeler su aplicación provocaría un grave daño a su hijo en total desatención del consentimiento informado que prestaron en los términos de la ley 26.529 para sostener su postura. 

Asimismo, agregaron que del certificado médico que acompañaron surge con claridad que la falta de aplicación de las vacunas de ninguna manera puede derivar en una pandemia o epidemia generalizada que ponga en riesgo la salud de la población. A partir de eso, postularon que debe primar su decisión individual pues lo contrario supondría una desprotección de los derechos de la minoría contra los abusos estatales. 

Finalmente, indicaron que conforme surge del certificado acompañado la médica pediatra del niño asumió su seguimiento para garantizar su desarrollo sano físico y mental, por lo que no es procedente sostener la aplicación mecánica de la ley sin indagar en las particularidades que rodean al caso. Sin embargo, la magistrada de primera instancia desestimó el recurso de reposición y concedió la apelación subsidiaria que derivó en la intervención de la justicia.
 

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