Proyecto de ley

Para disuadir a motochorros, intensifican controles en la Provincia

Se aprobó en Diputados una iniciativa.
jueves, 07 de marzo de 2019 · 18:42

El oficialismo bonaerense quiere ponerle freno a los motochorros y con ese objetivo logró hoy que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto que aumenta los controles y que habilita el secuestro ante la infracción.

La iniciativa pertenece a los diputados Matías Ranzini, Carolina Píparo y Martín Domínguez Yelpo. Entre otras cosas establece controles conjuntos con los municipios al azar, la obligación de usar chaleco identificatorio para el acompañante, casco con identificación y la posibilidad de prohibir el doble acompañante.

Tras la media sanción, el diputado Ranzini dijo: “La media sanción al proyecto profundiza la política de seguridad del Gobierno, para trabajar más y más unidos con los intendentes de Cambiemos, del Peronismo, del Frente Renovador, de los Partidos Vecinales. Como lo viene haciendo Vidal desde que asumió”. 

"Secuestramos más de 30 mil motos en la provincia de Buenos Aires provenientes del delito, por eso con la aprobación de este proyecto contribuimos a la lucha que venimos realizando junto a la gobernadora y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo”, agregó el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad.

En el mismo sentido, hace un mes y tal como publicó El Intransigente, el jefe de los fiscales federales, Eduardo Casal, ordenó a los fiscales restringir el uso de las "probation" que pemite evitar los juicios con sanciones menores. La medida apunta a evitar que las personas que delinquen como motochorros sean liberados bajo esta modalidad. 

El caso del ciudadano colombiano, Jair Steven Jurado Mora, fue uno de los que generó revuelo en ese sentido. El joven fue atrapado y liberado a los pocos días por medio de una probation tras pagar 700 pesos.

La resolución PGN Js/2019 dispuso a todos los fiscales nacionales y federales a que se opongan a una suspensión de un juicio penal ante hechos de robos simples con el uso de vehículos. La medida también rige para los casos de corrupción de funcionarios públicos.

La denominada "probation" posibilita a un imputado de delitos con penas menores a tres años, pedir la suspensión del juicio a prueba, con el compromiso de reparar el daño realizado, sin que eso implique una confesión o reconocimiento del delito. Frente a esa situación pueden asignarse la realización trabajos comunitarios.

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